La selva del sureste mexicano enfrenta una embestida brutal. En solo dos semanas, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detectó y clausuró siete predios por el desmonte ilegal de más de 2,600 hectáreas de vegetación,


principalmente en zonas donde se ha expandido la agricultura industrial, incluyendo áreas de actividad menonita.
Las acciones derivaron de seis operativos realizados entre el 28 de mayo y el 14 de junio, con intervención en los tres estados de la Península de Yucatán. Las autoridades constataron cambios ilegales de uso de suelo, remoción de selva y establecimiento de monocultivos, todo sin contar con autorización ambiental.
SELVA ARRASADA: LOS CASOS POR ESTADO
Quintana Roo: especies protegidas devastadas
En el ejido Piedras Negras, municipio de José María Morelos, se desmontaron 10.68 hectáreas, con pérdida de más de mil m³ de vegetación, incluyendo especies protegidas por la NOM-059-SEMARNAT-2010 y la CITES, como la caoba (Swietenia macrophylla) y la palma chit (Thrinax radiata).
En Juan Sarabia, Othón P. Blanco, se documentó el desmonte ilegal de 437.5 hectáreas con tala de jobillo, guano kum y palma zamia, especies nativas de gran valor ecológico.
Campeche: maquinaria agrícola y destrucción masiva
En Hopelchén, se identificaron nueve zonas desmontadas con una superficie total de 527 hectáreas destinadas a actividades agrícolas. La Profepa aseguró maquinaria, incluyendo tractores, remolques y cosechadoras, y procedió a la clausura total temporal de los predios.
Yucatán: uso de fuego y transformación del ecosistema
En Tekax, paraje San Diego Buenavista, se encontraron restos carbonizados de árboles adultos, uso de maquinaria pesada, sistemas de riego, caminos con sascab y perforaciones en el subsuelo. El desmonte alcanzó 350 hectáreas, en un claro ejemplo de transformación total del suelo forestal en suelo agrícola.
Balance de los operativos:
Campeche: 702 hectáreas afectadas Yucatán: 606.4 hectáreas Quintana Roo: 1,300.5 hectáreas Total: 2,608.9 hectáreas de selva devastada
La Profepa aseguró más de 100 m³ de madera y maquinaria agrícola diversa: tres torres, una rastra de 36 discos, una cosechadora y tres tractores.
La impunidad ambiental como amenaza latente
La dependencia federal aseguró que mantendrá operativos permanentes para frenar la deforestación ilegal. Sin embargo, activistas ambientales han señalado que estos operativos llegan tarde y que los desmontes ya representan daños irreparables a los ecosistemas, afectando no solo la biodiversidad, sino también las reservas de agua y el equilibrio climático regional.
En medio de una crisis ambiental global, la destrucción de selvas en México sigue avanzando frente a los ojos de autoridades que actúan solo cuando la devastación ya está hecha.
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