El delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en Yucatán, Mauricio Sahuí Rivero, se encuentra en el ojo del huracán, rodeado de denuncias por corrupción, negligencia y complicidad en la gestión de vivienda. Mientras miles de familias en municipios como Umán, Hunucmá, Ticul y Kanasín siguen esperando respuestas ante fraudes en créditos y viviendas, Sahuí parece más interesado en proteger a los responsables de estos desfalcos que en atender a los afectados. Las irregularidades de empresas como la SOFOM Yavo Capital, y los desarrolladores implicados, son ignoradas por un delegado que, en lugar de actuar, prefiere sellar acuerdos en la oscuridad.
Lejos de buscar soluciones, Sahuí está más enfocado en promover nuevos negocios. En su afán por ampliar su red de influencia, ha comenzado a reunirse con dueños de terrenos y empresas constructoras para impulsar un programa de construcción de viviendas que, en lugar de ser una respuesta a las demandas de los afectados, parece diseñado para beneficiar a un selecto grupo de inversionistas y empresarios. Un programa que, al igual que los anteriores, está condenado al fracaso y al enriquecimiento ilícito de unos pocos.
Pero la protección de Sahuí no termina ahí. Su principal cómplice en esta red de corrupción es Humberto Ríos Covián, gerente del área técnica, quien actúa como un escudo humano para empresarios como Raúl Abraham Barceló y Víctor Hugo Rosales Aranda. Ríos Covián se asegura de que las prácticas irregulares de la Sofom Solimex y Yavo Capital, señaladas por financiamientos fraudulentos, sigan operando impunemente. Gracias a su intervención, los responsables de estos fraudes siguen sin rendir cuentas, mientras los derechohabientes siguen siendo víctimas de su abuso.
Además, Ríos Covián no solo defiende los intereses de los empresarios, sino que también se ve inmerso en un evidente conflicto de intereses, al mantener vínculos con unidades de verificación y valuación, donde incluso se sabe que tiene familiares involucrados. Esta red de corrupción es un claro obstáculo para la transparencia del sector y condena a miles de familias a la espera de lo que parece ser una promesa vacía.
La ciudadanía, harta de promesas incumplidas, exige una solución real a la crisis habitacional. Sin embargo, Sahuí y Ríos Covián siguen operando bajo el mismo modus operandi: discursos vacíos, burocracia interminable y acuerdos que solo benefician a una élite empresarial. La pregunta es clara: ¿Hasta cuándo permitirán que esta red de corrupción siga operando con total impunidad?