El proceso de selección de jueces y magistrados en Yucatán se ha convertido en un instrumento de perpetuación del control político y económico de los grupos de poder que han dominado la entidad. Una vez más, el proceso de designación de magistrados se encuentra viciado por la injerencia de actores políticos que buscan colocar a sus piezas en posiciones clave para garantizar impunidad y favores a su red de aliados.
Uno de los casos más evidentes es el del candidato Enrique Mendoza Bolio, cuya postulación responde a los intereses del exgobernador Mauricio Vila Dosal y su operador de confianza, Álvaro Juanes Laviada. Lejos de tratarse de una selección basada en el mérito y la independencia judicial, la candidatura de Mendoza Bolio está fundamentada en una red de relaciones familiares y políticas que garantizan la continuidad del poder en manos del mismo grupo.
El respaldo de Vila y Juanes Laviada a Mendoza Bolio no es casualidad. Su padre, Enrique Mendoza Camara, es socio, compadre y primo de Álvaro Juanes Camara, quien a su vez es el padre de Álvaro Juanes Laviada. Esta conexión de parentesco y negocios se extiende a la madre del candidato, quien ha fungido como notaria en operaciones empresariales vinculadas a Mauricio Vila. Es evidente que no se trata de una elección imparcial, sino de la colocación de un alfil que garantice la continuidad del control sobre el Poder Judicial yucateco.
Este tipo de prácticas consolidan un esquema de corrupción institucionalizada, donde la justicia se convierte en una extensión de los intereses de la élite política y económica. Mientras tanto, la transparencia y la imparcialidad quedan relegadas a un segundo plano, afectando la credibilidad del sistema judicial y la confianza de los ciudadanos.
La ciudadanía debe exigir un proceso de selección basado en la capacidad, la independencia y el compromiso con la justicia, no en redes de compadrazgo y favores políticos. De lo contrario, Yucatán continuará atrapado en un círculo vicioso donde los jueces responden más a quienes los impusieron que a los principios del derecho y la equidad.