Según el portal de transparencia, la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán (Segey) desembolsó casi 8 millones de pesos en 2022 para fumigar 1057 escuelas en 10 municipios, incluyendo Mérida. Sorprendentemente, en 2023, no asignó fondos para esta acción contra el Aedes Aegypti, revelando una estrategia cuestionable y un gasto excesivo.
El contrato del 2022 fue otorgado a la empresa MV Fumiga S. de R.L de C.V., a la cual la Segey pagó $7,967,933.89 para fumigar escuelas en diversos municipios. Sin embargo, este monto contrasta con los precios de mercado para la fumigación de espacios, que oscilan entre $400 y $4000 por servicio. Esto sugiere un sobreprecio del 100% o más.
La empresa beneficiada, MV Fumiga, fundada en 2019 y dirigida por Roberto Alejandro Vallado Dalláva, ha generado ganancias significativas a expensas de la salud pública. Estos hallazgos explican en parte la crisis actual del dengue en Yucatán, con hospitales desbordados, 13 fallecimientos registrados y una alta incidencia de casos, especialmente entre menores.
De acuerdo con el Panorama Epidemiológico del Dengue, se han confirmado 4,229 casos en Yucatán en 2023, situándolo como el primer estado a nivel nacional en casos de dengue, con una tasa de incidencia de 181.32 por cada 100 mil habitantes. Ante esta situación crítica, la propuesta de fumigar todas las escuelas presentada por la diputada de Morena, Jazmín Villanueva Moo, fue rechazada por la mayoría de los diputados panistas.
El costo humano de esta crisis se evidencia con la reciente muerte de un bebé de 1 año por dengue en Tizimín, sumando cuatro casos mortales en menores durante esta administración. Mientras la salud de la población se ve afectada, surge la pregunta sobre el impacto de las acciones del titular de la Segey, Liborio Vidal, quien priorizó su candidatura a la gubernatura en lugar de abordar esta crisis de manera efectiva.
A pesar de los intentos en el Congreso por exigir medidas urgentes, la falta de acción y el rechazo de propuestas reflejan una preocupante indiferencia hacia la salud de los yucatecos. La crisis del dengue en Yucatán sigue desatendida, y el rol de la Segey en este escenario plantea interrogantes sobre la gestión de recursos públicos y la priorización de intereses partidistas sobre el bienestar de la población.
