MÉRIDA, Yucatán. La gestión de Francisco “Panchito” Torres al frente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) vuelve a estar en el centro de la controversia, luego de señalamientos sobre presuntas fallas operativas, falta de transparencia en proyectos hídricos y crecientes críticas ciudadanas por la escasez de agua y baja presión en distintos sectores de Mérida.

Hace poco más de año y medio, el sistema hídrico de la capital yucateca operaba bajo un esquema de telemetría que permitía monitorear en tiempo real la presión de la red, detectar fugas, prevenir afectaciones y mantener una respuesta más rápida ante fallas técnicas. De acuerdo con versiones consultadas, dicho modelo, impulsado en administraciones anteriores, facilitaba el control de cárcamos, el uso de pozos de reserva e incluso la detección de perforaciones accidentales realizadas por constructoras.

Sin embargo, con los cambios administrativos posteriores, ese sistema habría perdido operatividad, generando una cadena de afectaciones que hoy se reflejan en quejas vecinales constantes en colonias del norte, sur, oriente y poniente de Mérida, donde habitantes han denunciado falta de presión, fugas persistentes y deficiencias en el suministro.

Crisis del agua en Mérida: vecinos exigen respuestas

Las protestas y reportes ciudadanos se han multiplicado en diversas colonias, entre ellas la Alemán, donde vecinos han exigido soluciones inmediatas ante la falta de agua. Fuentes cercanas al tema señalan que esta presión social obligó a Panchito Torres a presentar un llamado “Plan Hídrico”, proyecto que ha sido cuestionado por la falta de información pública sobre inversión, tiempos de ejecución y alcances técnicos.

Hasta ahora, las principales dudas giran en torno a cuánto costará realmente el proyecto, cuáles serán las obras prioritarias y si su impacto resolverá de fondo la crisis que enfrenta la red de distribución en Mérida.

Crédito millonario y tensión política

Durante una visita presidencial, se puso sobre la mesa la posibilidad de gestionar un crédito por 1,500 millones de pesos, lo que encendió el debate político y económico en Yucatán. Críticos de la propuesta han cuestionado si endeudar al estado es la salida correcta o si antes debe transparentarse la estrategia técnica que sustente dicho financiamiento.

Además, persisten señalamientos sobre presuntas tensiones entre actores políticos y legislativos, luego de que se exigiera una comparecencia para explicar las fallas estructurales del sistema hídrico y los planes de rescate planteados para la ciudad.

Señalamientos contra Panchito Torres

El funcionario también ha sido blanco de críticas por declaraciones previas en las que atribuyó parte del problema al crecimiento urbano acelerado de zonas como Ciudad Caucel, así como a la falta de infraestructura doméstica como cisternas o el uso irregular de bombas de presión en viviendas.

Para sectores opositores y ciudadanos inconformes, estas posturas han sido interpretadas como evasivas frente a una crisis que consideran resultado de fallas de planeación, mantenimiento e inversión oportuna.

La gran pregunta: ¿qué pasará con los recursos?

Mientras crece la discusión sobre el llamado rescate hídrico y posibles recursos millonarios para infraestructura y seguridad, la interrogante central sigue abierta: ¿cómo se ejercerán esos miles de millones de pesos y quién garantizará transparencia en su uso?

La presión política y social aumenta en Yucatán mientras miles de ciudadanos esperan algo más que discursos: una solución real a la crisis del agua que impacta diariamente a hogares, comercios y sectores productivos de Mérida.

El llamado “Pacto de Panchito” se perfila como uno de los temas políticos más delicados rumbo al cierre de 2026, donde no solo se juega la permanencia de funcionarios, sino la confianza ciudadana en el manejo de recursos públicos y servicios esenciales.

Fuente. Fredy Heredia

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