Un grupo de seis comisarios municipales de Mérida presentó ante el Congreso del Estado de Yucatán dos propuestas de ley sin precedentes. Estas iniciativas, denominadas “Ley para la Protección y Desarrollo de los Pueblos Originarios del Estado de Yucatán” y “Ley de Creación de la Agencia Estatal para la Protección de Derechos Indígenas (AEPDI) del Estado de Yucatán”, marcan un paso crucial hacia la protección y el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas.
Los comisarios Diego Alfredo Uh Be, Xavier Enrique Azueta Chale, Juan Pablo Noh Euan, Leydi Eloina Cocom Valencia, Wilberth Alfonso Nahuat Puc y María Natividad Roa Alvarado, representantes de comunidades como San José Tzal, Chablekal, Caucel, Santa Gertrudis Copó, Santa María Chí y San Antonio Hool, entregaron el documento al Congreso. Es la primera vez que se presenta una iniciativa de esta índole en el estado, buscando la creación de una legislación que defienda los derechos y la cultura de los pueblos mayas.
Entre los principales desafíos que exponen las iniciativas se encuentran la deforestación, el extractivismo, las megagranjas porcinas y la gentrificación, factores que han alterado el entorno de estas comunidades. Los comisarios subrayaron la importancia de un marco legal que garantice la protección de sus derechos y su cosmovisión.
El llamado es a generar un diálogo legislativo amplio, adaptando la propuesta según las necesidades de los pueblos originarios. Respaldadas por convenios internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, estas iniciativas buscan revertir la marginación histórica y sentar las bases para una convivencia equilibrada entre desarrollo y preservación cultural.