La venta y el consumo de cigarrillos electrónicos se ha salido de control dentro del Instituto Cumbres en Mérida– también conocido como Prepa Anáhuac – y los padres de familia están encendiendo las alarmas ante la grave omisión de las autoridades escolares.
De acuerdo con denuncias recibidas por este medio, estudiantes de secundaria y preparatoria están consumiendo vapeadores de forma cotidiana dentro de las instalaciones del colegio, particularmente en los baños, sin que exista un protocolo efectivo de supervisión ni sanción. Los dispositivos se comercializan hasta en 700 pesos y ya se tiene identificada a una red de estudiantes que los distribuyen impunemente. Entre ellos, destacan dos jóvenes de segundo de preparatoria que han sido señalados por sus propios compañeros como los principales vendedores.
Padres preocupados, directivos ausentes
La indignación de los padres de familia no solo se enfoca en el uso del producto, sino en la total pasividad de la dirección del plantel, que pese a las denuncias internas, ha optado por mirar hacia otro lado. “No se está haciendo nada. La venta sigue, el consumo va en aumento, y lo peor es que lo saben, pero no hacen nada para frenarlo”, afirmó uno de los padres afectados.
Los vapeadores, además de ilegales, representan un serio riesgo para la salud. Desde mayo de 2022, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria nacional advirtiendo sobre el uso de estos dispositivos. Entre los hallazgos destacan la presencia de sustancias carcinógenas, tóxicas y adictivas que pueden causar daños permanentes al sistema respiratorio y neurológico de los jóvenes.
A pesar de esta legislación y la prohibición vigente, dentro del Instituto Cumbres la ley no se aplica. Alumnos inhalan vapor en áreas sin vigilancia, mientras quienes deberían protegerlos —profesores, prefectos y autoridades— permanecen en un silencio cómplice que hoy pone en riesgo a toda la comunidad estudiantil.
¿Dónde está la responsabilidad institucional?
El Instituto Cumbres se promociona como una institución de excelencia académica y formación en valores. Sin embargo, lo que hoy ocurre en sus pasillos revela una realidad muy distinta: una comunidad estudiantil desprotegida, una red de microtráfico operando dentro del colegio y una dirección escolar más interesada en cuidar su imagen que en proteger a sus alumnos.
La sociedad yucateca merece respuestas. Los padres de familia exigen acciones inmediatas, sanciones ejemplares y transparencia total sobre lo que realmente está ocurriendo dentro de una de las escuelas privadas más costosas y prestigiadas del estado.
Porque mientras ellos callan, nuestros hijos inhalan veneno.