El empresario enfrenta múltiples demandas por fraude y robo de tierras, mientras que su relación con el crimen organizado se remonta a su conexión con el Cártel de Sinaloa y el Cártel de la Península.
Introducción
Arturo Millet Reyes, empresario yucateco, enfrenta serias acusaciones que lo vinculan tanto con el crimen organizado como con la “mafia inmobiliaria” en Yucatán y Quintana Roo. Según investigaciones, Millet Reyes habría sido prestanombres de un alto miembro del Cártel de Sinaloa y cabecilla del llamado Cártel de la Península, lo que, junto a múltiples demandas por fraude, lo convierte en una figura altamente polémica. Su conexión con el poder se intensifica al ser esposo de Gabriela López Gómez, asesora de imagen y estrategia política del gobernador Joaquín Díaz Mena y reconocida operadora política.
Un Vínculo con el Cártel de Sinaloa
Documentos judiciales en Estados Unidos indican que Millet Reyes fue señalado por Tirso Martínez Sánchez, alias “El Futbolista”, un operador del Cártel de Sinaloa, durante el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán. Según Martínez, Millet Reyes operaba como prestanombres, facilitando operaciones de lavado de dinero y ayudando en la expansión de las redes de narcotráfico. Estas operaciones incluían rutas de transporte de drogas y lavado de dinero mediante inversiones en empresas y propiedades, incluida la adquisición del club de fútbol Venados de Yucatán.
La Mafia Inmobiliaria en Yucatán y Quintana Roo
El matrimonio de Millet Reyes con Gabriela López Gómez parece haber fortalecido su posición en la esfera política de Yucatán y Quintana Roo, ya que diversas fuentes apuntan a que la pareja se ha infiltrado en distintos niveles de gobierno desde la administración de Ivonne Ortega Pacheco hasta la de Félix González Canto. A través de maniobras legales y su influencia política, habrían logrado apropiarse de grandes extensiones de tierras ejidales, afectando a pequeños propietarios y comunidades locales.
El empresario, que enfrenta actualmente más de 15 denuncias por fraude y despojo, se encuentra prófugo de la justicia. A pesar de las condenas judiciales en su contra, su fortuna, calculada en más de 3,000 millones de pesos, ha permitido que se mantenga alejado de las autoridades.
Impunidad y Poder Político
Uno de los aspectos más controvertidos de esta situación es el uso de la influencia política por parte de Millet Reyes y Gabriela López. Fuentes cercanas al proceso judicial aseguran que su conexión con el actual gobierno de Yucatán le ha permitido eludir las sentencias que se le han impuesto. En 2022, la justicia lo condenó a cuatro años de prisión y al pago de 56 millones de pesos por reparación de daños a un grupo de empresarios afectados. Este año, la jueza Claudia Crisol Antonio Mayor lo sentenció a siete años y medio de prisión y a pagar 71.8 millones de pesos por un caso de robo de tierras en el oriente del estado.
Conclusión
El caso de Arturo Millet Reyes es un ejemplo del poder que ciertas figuras pueden acumular gracias a sus conexiones políticas y su disposición a involucrarse en actividades ilícitas. La relación de su esposa, Gabriela López Gómez, con el gobernador Díaz Mena y su participación en campañas políticas han asegurado, hasta el momento, la protección del empresario. Sin embargo, las investigaciones continúan, y su destino legal aún es incierto.