El prolongado conflicto legal que involucra a Fernando Barbachano, dueño de los emblemáticos hoteles Mayaland, suma nuevos y preocupantes episodios de lo que parece ser un sabotaje institucional. La Juez Iliana Elizabeth Álvarez, asignada a modo para atender los asuntos penales de Barbachano pese a no tener jurisdicción en Valladolid, ha resuelto no avanzar en la restitución de derechos bajo el argumento de una recusación en su contra que, según señalamientos, estaría sustentada en registros judiciales presuntamente alterados durante el paso del huracán Miltón.
Este hecho ocurre a pesar de que la restitución de derechos, en casos como este, constituye una acción urgente, preferente y de orden público, diseñada para devolver a las víctimas al estado previo al delito. Resulta incomprensible que, tras más de 15 meses desde que un tribunal en Quintana Roo ordenó la entrega material de los hoteles y de que un Tribunal Colegiado Federal declarara el pasado 20 de diciembre que R4 propiedad de Rodolfo Rosas no tiene ningún derecho sobre los inmuebles, los responsables del despojo continúen operando los hoteles impunemente.
Abuso de Autoridad y Ausencia de Justicia
Organismos federales han señalado que la Fiscalía de Yucatán y el Tribunal local han ignorado deliberadamente las resoluciones del Tribunal Colegiado, desoyendo las instrucciones para ejecutar la orden de desposesión. Además, expertos legales aseguran que la recusación contra la Juez Álvarez no debería suspender la resolución de una tutela de derechos de la víctima. En caso de ser necesario, cualquier otro juez competente, como uno radicado en Valladolid, tendría que asumir la jurisdicción.
“El uso de recusaciones para bloquear procesos tan sensibles demuestra cómo las instituciones son empleadas para negar justicia. Estas resoluciones son alarmantes, sobre todo bajo el escrutinio de la Secretaría de Gobernación”, señalan los abogados de Barbachano, quienes advierten que estos actos podrían derivar en consecuencias legales y políticas graves para los responsables.
Silencio del Gobernador y Denuncias de Corrupción
Mientras la crisis avanza, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, ha permanecido en silencio, a pesar de que este caso ya fue denunciado en la conferencia matutina presidencial como un ejemplo de abuso de autoridad y corrupción dentro del sistema judicial del estado. En particular, se han señalado irregularidades en el actuar del fiscal de Yucatán y de jueces que han intervenido en el caso.
La ausencia de acción gubernamental en un tema que afecta no solo a una víctima de despojo sino también a la imagen de las instituciones estatales, pone en entredicho el compromiso del gobierno local con la justicia y la transparencia.
¿Qué sigue?
El caso Barbachano no solo pone al descubierto las fallas estructurales del sistema judicial, sino también el uso de recursos legales y burocráticos como herramientas de sabotaje institucional.