Hunucmá, Yucatán, a 22 de enero.— Luego de un escándalo ocurrido en un bar y de un altercado con un contratista del Ayuntamiento panista de Hunucmá, el regidor Alexis Rafael Uicab Ventura solicitó formalmente licencia por tiempo indefinido sin goce de sueldo, en una decisión que busca contener el daño político y preservar la imagen de la administración municipal 2024–2027.
La solicitud fue dirigida a la Secretaría Municipal y turnada para su análisis conforme a la normatividad vigente. Aunque el documento argumenta motivos personales y familiares, el contexto en el que se presenta no puede desligarse de los hechos recientes que han generado inconformidad social, particularmente por presuntos excesos relacionados con consumo de alcohol y daños a vehículos, así como un conflicto directo con un proveedor del propio Ayuntamiento.
Licencia indefinida: una salida política que exige vigilancia
La separación indefinida de un integrante del Cabildo no es un trámite menor. Por el contrario, obliga a la autoridad municipal a actuar con rigor institucional, especialmente en lo relativo a la fiscalización de recursos públicos, la transparencia administrativa y el correcto funcionamiento de las áreas vinculadas con la cuenta pública municipal.
Resulta indispensable que, durante el análisis y eventual aprobación de la licencia, el Cabildo garantice que no exista bajo ningún concepto pago alguno, directo o indirecto, a favor del regidor separado del cargo. Esto incluye compensaciones, apoyos extraordinarios o beneficios canalizados a través de terceros o familiares que pudieran fungir como intermediarios administrativos.
Cabildo bajo escrutinio ciudadano
La atención ahora se centra en el Cabildo de Hunucmá, que deberá definir cuándo será convocada la sesión para discutir y, en su caso, aprobar la licencia solicitada. La resolución marcará un precedente político y administrativo sobre cómo se asume la responsabilidad pública frente a situaciones que comprometen la conducta de representantes populares.
La ciudadanía observa con atención. No se trata únicamente de la salida temporal de un funcionario, sino de comprobar si el discurso de legalidad, transparencia y rendición de cuentas se sostiene en los hechos, especialmente cuando existen señalamientos que involucran posibles abusos de poder o conflictos con proveedores del propio Ayuntamiento.
Llamado a revisar contratos y proveedores
En este contexto, diversas voces ciudadanas consideran que el contratista involucrado en el altercado también debería ser separado del presupuesto municipal 2024–2027, como medida preventiva para evitar conflictos de interés y garantizar que los recursos públicos se ejerzan con imparcialidad y apego a la ley.
El caso permanece abierto y su desenlace será clave para medir el verdadero compromiso de la administración municipal con la ética pública y la responsabilidad política.
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