El 30 de abril se festeja el Día del Niño y la Niña con la finalidad de lograr reafirmar sus derechos y crear una infancia feliz para un desarrollo pleno e integral como ser humano, sin embargo de acuerdo con UNICEF el 51% de los niñas, niños y adolescentes viven en situación de pobreza, de ellos, 4 millones viven en pobreza extrema.

Además, con base en datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social(Coneval), en México uno de cada dos niños, niñas o adolescentes vive en la pobreza: cerca de 19.5 millones.

La pobreza y desigualdad impactan de igual manera a las infancias, vulnerando derechos básicos como; salud, educación, vivienda, alimentación, entre otros aspectos importantes para su crecimiento y desarrollo como individuos.

De acuerdo con la Encuesta de Caracterización de Hogares realizada por TECHO en México en los asentamientos populares donde tiene presencia, en 4 de cada 10 hogares existe algún infante que se encuentran entre los 0 meses a 14 años.

El mismo estudio indica que de 354 familias que afirman tener un infante entre los 5 a 13 años, el 50.4% tiene 1 integrante ubicado en este rango de edad, mientras que el 49.1% tiene entre 2 a 7 integrantes, siendo una de las poblaciones etarias más anchas de la población que habitan los asentamientos populares.

Del total de los hogares, solo el 40.8% de las familias cuentan con algún tipo de atención a la salud, donde su mayoría [23.9%] ocupa el servicio de salud que brinda la secretaría del Bienestar y tan solo el 16.9% de las familias se atiende a través de un servicio médico público como el IMSS y el ISSSTE. Este dato es alarmante al dar cuenta que la atención médica infantil carece de una amplia cobertura por las condiciones socioeconómicas y familiares, que vulneran el desarrollo integral de la vida.

La medición de la pobreza en México se realiza de una forma multidimensional que incluye información relacionada con el nivel de ingreso de la persona para cubrir sus necesidades alimentarias y/o no alimentarias, así como su acceso a derechos sociales como la salud, educación, seguridad social y los espacios de vivienda y los servicios básicos en esta última.