Un nuevo escándalo sacude a Campeche tras revelarse que la influencer Pawi Huerta, el vicefiscal Arturo Bravo Muñoz y Andrea Sadek, hija de la directora del Instituto de la Mujer, realizaron un recorrido nocturno no autorizado en la zona arqueológica de Calakmul, violando las normativas de preservación del sitio.
El caso ha generado indignación, pues no se trata solo de la presencia de una influencer buscando contenido en un sitio histórico, sino de altos funcionarios y familiares de figuras clave del gobierno estatal utilizando su influencia para ingresar a un espacio restringido.
¿Corrupción y abuso de poder?
Mientras la influencer ha comparecido ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), alegando desconocer las restricciones y asegurando estar dispuesta a colaborar con las autoridades, los funcionarios involucrados han guardado un silencio absoluto, evitando cualquier responsabilidad pública.
El vicefiscal Bravo Muñoz, hijo de la secretaria de Seguridad de Campeche, Marcela Muñoz, aún no ha dado explicaciones, al igual que Andrea Sadek. Esta actitud deja muchas dudas sobre el verdadero uso del poder en Campeche y la impunidad con la que ciertos personajes actúan.
Daño a la imagen y falta de consecuencias
Mientras que Huerta ha decidido poner en privado sus redes sociales debido a la presión mediática, el gobierno campechano sigue sin tomar cartas en el asunto, enviando un mensaje preocupante sobre la permisividad ante este tipo de abusos.
El acceso nocturno no autorizado a zonas arqueológicas no es un simple error, sino una falta grave que atenta contra el patrimonio cultural, y el hecho de que funcionarios públicos estén implicados lo hace aún más escandaloso.
A pesar de la gravedad del caso, las autoridades aún no han anunciado sanciones concretas, lo que genera la pregunta: ¿se castigará a los responsables o quedará como otro caso de impunidad para los privilegiados del poder?
#Corrupción #Impunidad #Calakmul #PatrimonioCultural #Campeche