En días recientes, diversos medios de comunicación han expuesto detalles sobre la opulenta mansión donde reside el exgobernador de Quintana Roo, Félix Arturo González Canto, en la ciudad de Chetumal. La propiedad, que abarca cinco hectáreas y está valuada en 40 millones de pesos, destaca no solo por su lujo desmedido —incluyendo aire acondicionado hasta para los perros—, sino también por los oscuros vínculos que revelan un entramado de corrupción y complicidad con empresarios de Yucatán.
El ascenso meteórico de un hijo de taxista
Félix González Canto, originario de Cozumel y con orígenes modestos como hijo de un taxista, parece haber encontrado en la política el vehículo para amasar una fortuna desproporcionada. Según informes, su educación en el prestigioso colegio militar Culver en Estados Unidos fue financiada con el apoyo del papa de un empresario yucatecos, entre ellos, Ovidio Jasso y Ricardo Gamboa García, quienes posteriormente se convertirían en piezas clave de sus negocios turbios.
Los prestanombres: el puente hacia la riqueza desmedida
Ovidio Jasso y Ricardo Gamboa no solo jugaron un rol importante en los inicios de González Canto, sino que se convirtieron en los operadores de una red de prestanombres que facilitó la adquisición de extensas propiedades en Quintana Roo, Mérida, Monterrey, Estados Unidos e incluso en los Emiratos Árabes.
Ovidio Jasso, propietario de compañías con terrenos de miles de hectáreas en Quintana Roo, habría sido beneficiado con compras simuladas de terrenos por parte del gobierno estatal. Estas adquisiciones infladas, en muchos casos sin justificación, garantizaban ganancias extraordinarias para Jasso y comisiones multimillonarias para González Canto.
Ricardo Gamboa García, dueño de varias gasolineras, facturaba enormes sumas al gobierno estatal por combustible que, según denuncias, jamás se entregó. Además, arrendaba aviones al gobierno a costos exorbitantes, consolidando una relación de dependencia económica.
La corrupción que trasciende fronteras
La investigación también destaca que estos prestanombres facilitaron la creación de una red internacional de inversiones inmobiliarias y financieras. Las propiedades adquiridas por esta red abarcan desde zonas turísticas en Playa del Carmen y Cozumel hasta mansiones y activos en el extranjero.
El silencio de las autoridades
Este caso refleja no solo la descarada acumulación de riqueza por parte de González Canto, sino también la impunidad que sigue reinando en México. A pesar de las denuncias públicas y la magnitud de las irregularidades, ni el exgobernador ni sus colaboradores han enfrentado sanciones legales significativas.
La mansión de Chetumal, con su lujo insultante, no es más que un símbolo tangible de cómo la corrupción sistémica destruye la confianza en las instituciones públicas. Mientras tanto, el pueblo de Quintana Roo sigue enfrentando problemas de infraestructura, salud y seguridad, contrastando brutalmente con la opulencia de quienes deberían servirlo.
Un llamado a la justicia
Este escándalo debe ser un punto de inflexión para las autoridades de los estados de Quintana Roo y Yucatán, así como para el gobierno federal. La ciudadanía exige investigaciones exhaustivas y castigos ejemplares que no solo recuperen los recursos saqueados, sino que también envíen un mensaje claro: la corrupción no puede seguir siendo el pilar sobre el cual se construyen fortunas y carreras políticas en México.
El caso de Félix González Canto no solo es un recordatorio de las raíces profundas de la corrupción, sino también de la urgente necesidad de reformar un sistema que premia la deshonestidad y castiga a los ciudadanos de a pie.