El ayuntamiento de Hocabá, en Yucatán, autorizó un toque de queda a menores de edad en las calles después de las 23:00 horas; la medida a levanta controversia en tema de derechos humanos, pese a estar facultad por el artículo 115 constitucional.
Luego de que se diera a conocer la restricción de la presencia de menores en las calles, el secretario municipal de Hocabá, Fermín Chi Pech, aclaró el comunicado emitido la noche del jueves.
El funcionario, quien se encontraba en Progreso para firmar convenios municipales sobre los derechos humanos, al ser cuestionado sobre el controversial comunicado reconoció que las medidas fueron bien recibidas tanto en Hocabá como en otros municipios donde también existen problemas de adicciones entre los jóvenes.
No obstante, aclaró que no se trataba de un toque de queda, sino de una medida preventiva para evitar que los menores de edad permanezcan fuera de casa durante la noche, ya que en la comunidad se han registrado al menos tres accidentes de motocicleta, lo que ha generado la necesidad de evitar que tales sucesos continúen ocurriendo.
Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía, destacando la importancia de cuidar a los hijos y ser responsables con los horarios de salida y entrada. Insistió en que la medida era más un llamado de atención para que los padres asuman una mayor responsabilidad con sus hijos, y que el mensaje fue principalmente una “recomendación”.
Hocabá ubicado a 48 kilómetros al sureste de Mérida, es un sitio turístico que destaca por ser zona de cenotes y grutas.
Pronunciamiento de la Codhey sobre la medida en Hocabá
Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por la supuesta medida de toque de queda para menores.
Aunque la Codhey reconoció la buena voluntad del Ayuntamiento de Hocabá en la implementación de acciones para prevenir la violencia y los delitos, también señaló que la disposición contenida en el comunicado podría vulnerar las libertades fundamentales, como la seguridad jurídica y la libertad de tránsito, ya que, a pesar de que la medida estaba fundamentada en el Bando de Policía y Buen Gobierno municipal, consideraron que se excedía en el marco legal y en los procedimientos establecidos en México para suspender o limitar derechos humanos.
Ante esto, la Codhey emitió una medida cautelar pidiendo a las autoridades municipales abstenerse de implementar dicha medida. Además, sugirió que se tomaran en cuenta los derechos humanos de los habitantes de Hocabá y recomendó lo siguiente:
1. Establecer una base organizativa con diversas dependencias del gobierno local, como el Centro de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana (Cepredey) y la Secretaría de las Mujeres, para diseñar un plan sólido de prevención del delito y la violencia desde distintas perspectivas, como la educación, la reapropiación de espacios públicos y la prevención del uso problemático de drogas.
2. Modificar la narrativa de prevención, evitando el uso del término “menor/menores” para prevenir estigmatizaciones contra niñas, niños y adolescentes, en cumplimiento con la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de Yucatán y la Convención sobre los Derechos del Niño.
3. Acercarse a la Comisión para el diseño e implementación de procesos educativos y preventivos en torno a los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación.
Aunque la Codhey destacó la preocupación del Ayuntamiento por los recientes eventos relacionados con la violencia y el uso problemático de drogas en México, hizo un llamado a las autoridades para que generen políticas públicas estructurales que aborden estas problemáticas sociales de manera integral.