Un tribunal del Estado de México dictó una de las sentencias más severas contra una exautoridad municipal en años recientes: 70 años de prisión para María Elena Martínez Robles, exalcaldesa de Amanalco y militante de Morena, al confirmarse su participación directa en un doble homicidio que estremeció a la región y expuso el nivel de infiltración criminal en estructuras de gobierno local.
De acuerdo con la resolución judicial, la entonces presidenta municipal ordenó una operación que derivó en el asesinato del síndico municipal Miguel Ángel Lara Cruz y de su escolta. Ambos fueron enviados, bajo instrucciones directas de la alcaldesa, a una zona controlada por grupos delictivos, donde finalmente fueron privados de la vida.
Uso del poder para facilitar el crimen
El tribunal determinó que Martínez Robles actuó como colaboradora necesaria en la ejecución del crimen, haciendo uso indebido de su cargo y de la estructura institucional que encabezaba. La planeación previa, el abuso de autoridad y la posición jerárquica de la exfuncionaria fueron factores clave para establecer su responsabilidad penal y justificar la severidad de la condena.
Además de la pena privativa de libertad, la sentencia contempla multas económicas, reparación del daño a las familias de las víctimas y la pérdida definitiva de sus derechos civiles y políticos, cerrando cualquier posibilidad de retorno a la vida pública.
Golpe político y señal de alerta
La condena representa un golpe político significativo para Morena, al tratarse de una figura que llegó al poder mediante el voto popular y que terminó involucrada en un crimen de alto impacto. El caso exhibe los riesgos de una fiscalización deficiente de perfiles políticos y la facilidad con la que estructuras municipales pueden ser utilizadas para favorecer intereses criminales.
La trayectoria de Martínez Robles —que incluyó cargos de representación, afiliación partidista y vínculos que hoy resultan incómodos— concluye con una sentencia que marca un precedente en la vida pública local y en la discusión nacional sobre la responsabilidad penal de los servidores públicos.
Rendición de cuentas, pero con pendientes
Organizaciones civiles calificaron el fallo como un avance importante en materia de justicia y rendición de cuentas, al demostrar que incluso figuras con poder político pueden enfrentar consecuencias penales. No obstante, advirtieron que el castigo, aunque ejemplar, llega tarde y no sustituye la necesidad de mecanismos preventivos más sólidos para evitar que autoridades electas utilicen el cargo para facilitar la violencia.
Un precedente que no debe olvidarse
El caso de María Elena Martínez Robles no solo cierra una etapa judicial; abre un debate profundo sobre la responsabilidad ética, política y penal de alcaldes y funcionarios que, lejos de proteger a sus comunidades, las convierten en escenarios de impunidad y muerte.
La sentencia es clara: cuando el poder público cae en manos equivocadas, el costo no es político ni electoral, sino humano. Y ese costo, en Amanalco, se pagó con vidas.