Ejidatarios del municipio de Baca denuncian haber sido presuntamente engañados y presionados para aprobar la entrega en renta de 133 hectáreas de uso común a favor del empresario Pedro Solís Millet, en un proceso que señalan como irregular y marcado por ofrecimientos económicos, reuniones privadas y ausencia de información clara.
De acuerdo con testimonios recabados entre los campesinos, el pasado 2 de febrero se les habría prometido un convivio como gesto de agradecimiento; sin embargo, aseguran que el empresario no volvió a presentarse ni a dar explicaciones tras la controversia generada por el acuerdo agrario.
Los hechos se remontan, según los inconformes, al 27 de diciembre, cuando un grupo de ejidatarios fue convocado a una reunión en un predio particular. Ahí, presuntamente un colaborador cercano del empresario ofreció tres mil pesos a cada asistente a cambio de aprobar la asamblea programada para el día siguiente, en la que se discutiría la cesión de tierras comunales.
Al día siguiente, 28 de diciembre, se llevó a cabo la asamblea ejidal. Aunque algunos campesinos interpretaron la reunión previa como un simple convivio, otros aseguran que el objetivo real era asegurar votos favorables. Como muestra de agradecimiento, señalan, se habría entregado un apoyo de 500 pesos a cada asistente.
Los denunciantes afirman que antes de retirarse, se les insistió en la importancia de respaldar la renta de las 133 hectáreas por un periodo de hasta 30 años, bajo la promesa de recibir tres mil pesos por su aprobación. Para varios ejidatarios, la cifra resulta mínima frente al valor y la duración del acuerdo.
La controversia se intensificó cuando maquinaria pesada comenzó a trabajar en la zona, realizando labores de limpieza, trazo y desmonte en terrenos donde existen distintos posesionarios. Algunos habitantes aseguran que estas acciones se llevaron a cabo sin consenso total y que incluso hubo presión para desalojar áreas utilizadas por campesinos.
Especialistas en temas agrarios advierten que la renta de tierras de uso común por periodos prolongados puede comprometer el patrimonio colectivo de las comunidades, especialmente cuando los acuerdos se realizan en contextos de marginación o sin asesoría legal adecuada.
Hasta el momento, el empresario señalado no ha emitido una postura pública sobre las acusaciones. Mientras tanto, crece la inconformidad entre ejidatarios que cuestionan si, al término del contrato, las tierras realmente regresarán a la comunidad o si el acuerdo marcará el inicio de una pérdida irreversible del patrimonio ejidal.
El caso vuelve a poner en la agenda pública el debate sobre la vulnerabilidad de los núcleos agrarios frente a intereses económicos y la necesidad de supervisión institucional para evitar posibles abusos en la gestión de tierras comunales.
