La “casa por cárcel” llegó a su fin para el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid. Un juez de Ejecución Penal ordenó su retorno a un penal federal para continuar cumpliendo la condena de 36 años y nueve meses por delitos contra la salud y delincuencia organizada, reavivando el debate sobre los beneficios penitenciarios a exfuncionarios condenados.
La resolución establece su traslado al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, ubicado en Ayala, donde originalmente compurgaba la sentencia antes de que en junio de 2020 se le concediera prisión domiciliaria en Chetumal bajo el argumento de la pandemia.
El fin del argumento sanitario
El juzgado determinó que dicho beneficio quedó sin sustento tras el fin oficial de la emergencia por Covid-19 en mayo de 2023. En otras palabras, lo que comenzó como una medida sanitaria excepcional terminó prolongándose durante años, hasta que la autoridad decidió que debía volver al régimen ordinario de reclusión.
La defensa legal intentó frenar el traslado mediante un amparo, alegando que el exmandatario presenta un estado de salud delicado que requiere atención médica constante. Paralelamente, sus abogados promovieron la libertad condicionada; el trámite fue admitido, pero aún no tiene fecha de audiencia.
Un historial marcado por el narcotráfico
Villanueva fue detenido en 2001 y extraditado en 2010 a Estados Unidos, donde se declaró culpable de lavado de dinero ante una corte federal de Nueva York. Allí recibió una pena de 131 meses de prisión. Tras cumplirla, fue repatriado a México para enfrentar procesos relacionados con presuntos vínculos con el Cártel de Juárez, organización asociada a Amado Carrillo Fuentes, conocido como “El Señor de los Cielos”.
Críticas y percepción pública
El caso vuelve a colocar en el centro del debate la percepción de desigualdad en el sistema de justicia: mientras miles de internos cumplen condenas en condiciones ordinarias, la prisión domiciliaria de figuras políticas condenadas suele interpretarse como un privilegio difícil de justificar socialmente.
Ahora, con la orden de regreso al penal federal, la narrativa cambia: de la protección sanitaria a la exigencia de cumplir íntegramente una sentencia por delitos graves. Sin embargo, el proceso aún podría prolongarse si prosperan los recursos legales pendientes.