La polémica en torno al uso de tierras donde se realiza la tradicional Feria de Xmatkuil ha escalado a un nivel crítico. Lo que inició como un reclamo ejidal por adeudos pendientes hoy amenaza directamente la realización del evento y, al mismo tiempo, abre un debate más profundo: la falta de claridad en el manejo de los recursos que genera.
Ejidatarios de Dzunucán llevaron a cabo mediciones en los terrenos utilizados tanto para la feria como para el Carnaval de Mérida, exigiendo el pago correspondiente por el uso de sus tierras, una deuda que —afirman— ha sido ignorada durante años por el Gobierno del Estado.
Sin embargo, el conflicto no se limita al tema agrario. A la par del reclamo, han surgido cuestionamientos sobre los ingresos que deja el evento, los cuales alcanzan cifras millonarias sin que exista, hasta ahora, un desglose público detallado.
Ingresos millonarios bajo la lupa
De acuerdo con estimaciones basadas en cifras de asistencia y costos oficiales, tan solo en boletaje la feria habría generado más de 60 millones de pesos en un periodo de 10 días, con una afluencia de más de 1.7 millones de visitantes.
A esto se suman cerca de 30 millones de pesos adicionales por concepto de estacionamiento, considerando que al menos el 40% de los asistentes llega en vehículo.
En conjunto, el monto mínimo estimado ronda los 91 millones de pesos en apenas diez días. No obstante, especialistas advierten que la cifra real podría ser considerablemente mayor —entre 120 y 150 millones de pesos— al incluir ingresos por renta de espacios comerciales, permisos, patrocinios, concesiones y espectáculos con costo adicional.
Reclamo que podría frenar la feria
En este contexto, los ejidatarios han endurecido su postura. La advertencia es directa: si no se cubre el pago por el uso de las tierras, no permitirán la instalación de la feria.
“Se generan millones, pero no se paga lo justo por el terreno”, señalan, cuestionando la falta de equidad en la distribución de los beneficios.
De concretarse el bloqueo, no solo la Feria de Xmatkuil estaría en riesgo, sino también el Carnaval de Mérida, dos de los eventos más representativos y con mayor impacto económico y cultural en el estado.
Opacidad y descontento ciudadano
Más allá del conflicto agrario, el caso ha encendido el debate sobre la transparencia. Hasta el momento, no existen reportes públicos detallados sobre los ingresos totales del evento ni auditorías visibles que permitan conocer el destino de los recursos.
A esto se suma la inconformidad de los asistentes, quienes señalan deficiencias en la logística del recinto, como largas filas para ingresar, problemas de estacionamiento y servicios insuficientes, lo que contrasta con los millonarios ingresos estimados.
Gobierno bajo presión
El Gobierno del Estado enfrenta ahora un doble frente: por un lado, la exigencia de los ejidatarios para recibir el pago correspondiente; por otro, la demanda ciudadana de rendición de cuentas.
La situación coloca a la Feria de Xmatkuil en una encrucijada, donde no solo está en juego su realización, sino también la credibilidad en el manejo de recursos públicos.
Mientras tanto, las preguntas persisten:
¿Dónde están los ingresos generados por la feria?
¿Y por qué no se ha cumplido con quienes aportan la tierra?
En Yucatán, la exigencia ciudadana crece: ya no basta con celebrar, ahora también se pide transparencia.