El millonario negocio de las barras de cereal queda bajo cuestionamiento; padres de familia denuncian insectos en los alimentos escolares y el organismo anuncia retiros e investigaciones.
MÉRIDA, YUCATÁN.– Más de 235 millones de pesos en contratos para la adquisición de barras de cereal y ahora el DIF Yucatán enfrenta un escándalo por la entrega de productos con gorgojos a estudiantes de primaria. La situación exhibe serios cuestionamientos sobre los controles de calidad, la supervisión de proveedores y el manejo de los recursos destinados a la alimentación infantil.
El caso estalló en la escuela primaria Nueva Reforma Agraria, ubicada en el fraccionamiento Villa Magna, donde madres de familia detectaron pequeños insectos dentro de las barras de cereal distribuidas como parte del Programa de Alimentación Escolar.
La denuncia resulta especialmente preocupante porque fueron los propios menores quienes advirtieron que los productos tenían bichos cuando comenzaron a consumirlos. Al revisar otros empaques, las madres encontraron situaciones similares y alertaron a la comunidad escolar.
¿MÁS DE 235 MILLONES Y NO PUEDEN GARANTIZAR ALIMENTOS EN BUEN ESTADO?
La polémica adquiere otra dimensión al recordar los contratos millonarios que, de acuerdo con información periodística basada en datos de transparencia, superaron los 235 millones de pesos durante 2024 y 2025 para la compra de barras de cereal a la empresa Instantia GS, también identificada como Instantia, S.A. de C.V.
La dimensión del gasto obliga a formular preguntas que no pueden quedar sepultadas bajo un simple comunicado institucional: ¿qué mecanismos de control de calidad se aplicaron?, ¿quién verificó las condiciones sanitarias de los productos?, ¿se inspeccionaron los lotes antes de distribuirlos?, ¿qué sanciones enfrentarán los responsables si se comprueba alguna irregularidad?
No se trata de cualquier mercancía. Son alimentos destinados a niñas y niños de escuelas públicas, por lo que la calidad, inocuidad y conservación deberían ser requisitos indispensables, no aspectos sujetos a revisión después de una denuncia.
EL DIF TUVO QUE INTERVENIR TRAS LA DENUNCIA
Luego de que el caso se hiciera público, la directora general del DIF Yucatán, Shirley Edith Castillo Sánchez, acudió personalmente al plantel acompañada de Joel Pacheco, director de Desarrollo Comunitario y Alimentación.
Las autoridades verificaron el retiro de las barras y otros productos señalados. Además, el organismo informó que repondrá los alimentos reportados y dará seguimiento a las investigaciones para determinar cómo llegaron en esas condiciones a la escuela.
También se comprometió a supervisar la próxima entrega de productos, programada para finales de noviembre.
Sin embargo, retirar las barras contaminadas y reponerlas no resuelve el problema de fondo. La ciudadanía necesita conocer el origen de los insectos, si existen otros lotes afectados, qué empresa o instancia tuvo la responsabilidad de almacenamiento y distribución, y cuáles serán las consecuencias.
LOS NIÑOS NO PUEDEN PAGAR LAS FALLAS DE LA BUROCRACIA
Mientras se habla de grandes contratos y presupuestos millonarios, las familias tienen que revisar los alimentos que reciben sus hijos para evitar que consuman productos en condiciones inadecuadas.
Incluso, padres de familia señalaron que realizan una cuota de recuperación de 40 pesos por los paquetes de alimentos, lo que incrementa el malestar ante lo ocurrido.
El gobierno de Joaquín Díaz Mena y el DIF Yucatán, encabezado honorariamente por Wendy Méndez Naal, tienen una responsabilidad que va más allá de retirar productos después de que se denuncian públicamente.
La pregunta de fondo sigue sin respuesta: ¿quién garantiza que los alimentos que reciben miles de estudiantes en Yucatán son realmente seguros?
Los más de 235 millones de pesos reportados en contratos merecen una revisión pública, transparente y documentada. Porque cuando se trata de la alimentación de la niñez, no basta con anunciar investigaciones: hay que presentar resultados, deslindar responsabilidades y garantizar que esto no vuelva a ocurrir.
En el DIF Yucatán deben explicar cómo se gastan los recursos y, sobre todo, cómo se garantiza la calidad de los alimentos que llegan a las escuelas.
