La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) se encuentra en el ojo del huracán tras ser acusada de extorsionar a negocios locales, específicamente clínicas dentales, a pagar altas sumas de dinero si desean promocionar sus servicios en redes sociales.
A través de nuestras redes sociales, y de manera anónima, hemos recibido al menos dos denuncias de clínicas dentales que han sido multadas por compartir contenido promocional sin los permisos correspondientes.
De acuerdo con los denunciantes, dicha institución se encuentra exigiéndoles el retiro de sus anuncios en sus redes sociales y de no acatar sus indicaciones los han amenazado con dejarles caer multas de hasta $89,000 pesos.
Las tarifas para la Solicitud de Permiso de Publicidad, que les está exigiendo de forma ridícula la cofrepis, varían según el medio utilizado, siendo las más altas para televisión e internet, alcanzando hasta $28,888.85 pesos.
Esto se ha convertido en una barrera significativa para muchos pequeños negocios que desean promocionarse en redes sociales.
La situación se ha agravado con denuncias de que Cofepris estaría utilizando estos requisitos para extorsionar a los negocios locales. Las clínicas afectadas relatan que, al intentar promocionar sus servicios en redes sociales, fueron contactadas por representantes de Cofepris y amenazadas con multas de $30,000 pesos si no cumplían con los trámites necesarios.
“Estamos viendo cómo Cofepris no solo regula, sino que también utiliza su poder para obtener ganancias indebidas de los negocios que intentan promover sus servicios,” comentó un representante de una clínica dental afectada, quien prefirió mantenerse en el anonimato.
Las denuncias resaltan la necesidad de revisar y posiblemente reformar las políticas de Cofepris para evitar que se conviertan en un mecanismo de extorsión, afectando la capacidad de los profesionales de la salud para operar y promover sus servicios de manera justa y legal.
La comunidad médica y los dueños de negocios locales en Yucatán están en alerta, buscando maneras de protegerse de lo que ven como prácticas abusivas. La situación plantea una pregunta crucial sobre la verdadera intención detrás de estas regulaciones y cómo se pueden equilibrar para proteger tanto la salud pública como los derechos de los negocios y profesionales de la salud.