Acusan a 26 funcionarios del INAH por presuntos daños al patrimonio arqueológico en obras relacionadas con el Tren Maya
Una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Quintana Roo ha colocado en el centro de la polémica a 26 funcionarios del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), quienes son señalados por presuntos delitos relacionados con la destrucción de monumentos arqueológicos mayas durante trabajos vinculados al proyecto del Tren Maya.
La querella fue promovida los días 7 y 8 de julio por integrantes de la Comisión de Protección y Legislación del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Paleontológico del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH, quienes solicitaron una investigación formal sobre la actuación de diversos funcionarios involucrados en el proyecto de salvamento arqueológico.
Señalan destrucción de al menos 47 monumentos mayas
Durante una conferencia de prensa, el arqueólogo Jesús Evaristo Sánchez, representante de la comisión denunciante y responsable de presentar la querella ante la FGR, aseguró que existen elementos para investigar la presunta destrucción de al menos 47 monumentos arqueológicos mayas.
Según la denuncia, dichas estructuras habrían sido mutiladas y posteriormente destruidas. Además, se afirma que parte de los materiales resultantes habrían sido utilizados para construir nuevos elementos arquitectónicos en el Parque de la Memoria Báalam Tun, los cuales son calificados por los denunciantes como monumentos arqueológicos “falsos”.
Diego Prieto Hernández figura entre los denunciados
Entre las personas señaladas en la denuncia se encuentra Diego Prieto Hernández, quien se desempeñó como director general del INAH durante el desarrollo de gran parte de las obras del Tren Maya.
También fueron mencionados Manuel Pérez Rivas, responsable del proyecto de salvamento arqueológico del Tren Maya, así como integrantes del Consejo de Arqueología, organismo que actualmente encabeza Laura Ledesma Gallegos.
Los denunciantes solicitaron que la FGR determine si existieron responsabilidades administrativas o penales derivadas de las decisiones tomadas durante la ejecución del proyecto arqueológico.
Los delitos que se denuncian
De acuerdo con la información presentada por la comisión, la denuncia contempla la posible comisión de seis delitos relacionados con la protección del patrimonio cultural de México:
1. Destrucción de monumentos arqueológicos
Se acusa la presunta alteración o eliminación de estructuras consideradas patrimonio arqueológico nacional.
2. Falsificación de monumentos arqueológicos y fraude ideológico-arqueológico
Los denunciantes sostienen que se habrían construido estructuras que podrían generar una interpretación errónea sobre su origen histórico.
3. Mala praxis
Se cuestionan los procedimientos técnicos empleados durante los trabajos arqueológicos.
4. Ejercicio ilícito del servicio público
La denuncia plantea posibles irregularidades en el desempeño de funciones por parte de servidores públicos.
5. Coalición de servidores públicos
Se solicita investigar si existió coordinación entre funcionarios para realizar actos presuntamente contrarios a la ley.
6. Uso indebido de atribuciones y facultades
También se pide revisar si algunos funcionarios excedieron o utilizaron incorrectamente las facultades conferidas por sus cargos.
Piden investigación sobre el Parque de la Memoria Báalam Tun
La denuncia se centra particularmente en la construcción del Parque de la Memoria Báalam Tun, proyecto derivado de los trabajos de salvamento arqueológico realizados durante las obras del Tren Maya.
Los integrantes de la comisión sindical consideran que es necesario esclarecer cómo se realizaron las intervenciones arqueológicas y determinar si existieron afectaciones irreversibles al patrimonio cultural de la nación.
FGR deberá determinar si existen responsabilidades
Hasta el momento, la denuncia se encuentra en etapa de análisis por parte de las autoridades competentes. Será la Fiscalía General de la República la encargada de evaluar las pruebas aportadas y determinar si procede la apertura de investigaciones formales contra los funcionarios señalados.
Por ahora, los hechos denunciados constituyen acusaciones presentadas ante la autoridad ministerial y será el proceso legal correspondiente el que determine la existencia o no de responsabilidades.
Fuente
Información basada en reportes publicados por el Diario de Yucatán y declaraciones públicas de integrantes de la Comisión de Protección y Legislación del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Paleontológico del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH.
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