Al interior del Instituto Nacional de Migración (INM) de Yucatán, opera una red de corrupción que negocia con los migrantes detenidos y puestos a disposición de la dependencia federal en Mérida y Valladolid. Este lucrativo negocio, que genera millones de pesos al año, es presuntamente liderado por el senador Raúl Paz Alonzo, quien infiltró en la dependencia a su primo Ricardo José Paz Echeverría.
Paz Echeverría, subdirector de control y verificación migratoria, tiene el poder para decidir sobre la situación legal de los detenidos. Según investigaciones, el clan, que incluye a otros funcionarios federales, extorsiona a los migrantes para concederles permisos temporales de 15 días, permitiéndoles continuar su trayecto hacia Estados Unidos o Quintana Roo.
El modus operandi incluye enganchar a los migrantes con medios para pagar su libertad, acordar el monto de los servicios y recibir parte del dinero. Con la influencia del senador Paz Alonzo, se gestionan amparos y estancias temporales, facilitando la liberación de los detenidos. Aquellos que no pueden pagar son deportados a su país de origen, con tarifas que se estiman en alrededor de 10 mil dólares (aproximadamente 180 mil pesos).
El año pasado, cerca de 200 personas fueron detenidas en Yucatán, principalmente de Centroamérica, India y Vietnam, pero solo 85 fueron deportadas, sugiriendo que el resto consiguió pagar su libertad con ayuda de familiares en Estados Unidos.
Además, la red de corrupción también extiende su operación a centros nocturnos en Mérida y Kanasín, donde personas involucradas en la trata de blancas son detenidas y posteriormente liberadas mediante estancias legales otorgadas por la red corrupta del INM.
Este no es el único caso de corrupción vinculado a Paz Alonzo. Durante más de una década, fue acusado de cobrar moches en ayuntamientos panistas para obtener recursos federales, incluyendo el municipio de San Felipe cuando Díaz Mena era alcalde. Mario Millet Encalada fue uno de sus colaboradores en estas operaciones.
Además, Paz Alonzo utilizó su posición política para proteger a su hermano, Ricardo Augusto Paz Alonzo, acusado del feminicidio de su pareja sentimental, Marilyn Mena, en 2021. Con la ayuda de Mauricio Vila Dosal y la Fiscalía dirigida por Juan Manuel León León, las evidencias fueron manipuladas para que el crimen pareciera un suicidio, a pesar de pruebas contundentes y testimonios de vecinos.