Un informe filtrado de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) ha puesto en la mira al alcalde de Chichimilá, Francisco Medina, por presunto desvío de recursos. Según los datos revelados, Medina habría utilizado un modus operandi para beneficiarse personalmente al incluir en la nómina municipal la renta de sus propios vehículos destinados a la recolección de basura.
La ASEY detectó que, en un año, el alcalde habría ingresado la cantidad de 485,808 pesos por el alquiler de un volquete y una camioneta que, aunque eran utilizados para el servicio del municipio, estaban bajo contrato privado. Multiplicado por los tres años de su administración actual, la suma asciende a 1,457,424 pesos.
Lo que agrava la situación es que, según habitantes del municipio, Medina justificaba el uso de estos vehículos como parte de su compromiso con la comunidad, sin mencionar que estaba obteniendo un beneficio económico por ello. “El pueblo no sabe que los daba a rentar mientras dejaba al municipio cada vez más empobrecido”, comentó uno de los denunciantes, que prefirió permanecer en el anonimato.
Este informe abre la puerta a interrogantes sobre posibles actos de corrupción en otras áreas de la administración municipal, ya que algunos pobladores sugieren que el caso de los vehículos podría ser solo una pequeña muestra de los manejos irregulares de los recursos públicos. “Si esto es lo que se encontró en un solo rubro, imagínense lo que puede estar ocurriendo en otros”, señaló un residente local.
Francisco Medina, quien ha sido presidente municipal en tres ocasiones, se ha presentado públicamente como uno de los mejores evaluados en la región. Sin embargo, la población ahora cuestiona la veracidad de esos reconocimientos. “Esos diplomas se pueden imprimir y firmar, pero la realidad que vivimos es muy distinta”, expresaron ciudadanos inconformes.
Este nuevo escándalo genera dudas sobre las verdaderas razones por las que Medina ha buscado perpetuarse en el poder durante tres administraciones consecutivas. Con el informe de la ASEY, se abre un panorama de incertidumbre sobre el futuro político de Chichimilá y la necesidad de una auditoría más exhaustiva en la gestión de los recursos públicos.