El desarrollo inmobiliario Kookay avanza en la costa de Sisal entre cuestionamientos por su impacto ambiental, denuncias sin inspecciones reportadas y restricciones al tránsito en una zona de playa.
El proyecto, valuado en aproximadamente 300 millones de pesos, contempla nueve villas de dos niveles y una torre de 11 departamentos con 22 metros de altura, en terrenos vinculados con el entorno de la Reserva Ecológica Estatal del Palmar.
Uno de los principales antecedentes se remonta a 2006, cuando una primera solicitud de construcción fue rechazada por la ubicación del predio dentro de un área natural protegida. Sin embargo, en 2015, una modificación al Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero de Yucatán (POETCY) reclasificó el terreno como zona de aprovechamiento sustentable de baja intensidad. Posteriormente, la Semarnat emitió autorizaciones ambientales para el proyecto.
La preocupación se centra ahora en el cumplimiento de las condicionantes ambientales. La Manifestación de Impacto Ambiental reporta el registro de 169 individuos arbóreos, mil 210 arbustivos y mil 766 herbáceos, pero la información pública señalada no incluye constancias sobre el rescate o reubicación de esa vegetación en el área vinculada con la anidación de tortugas marinas.
Además, hace cuatro meses se presentó una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), sin que, según los antecedentes disponibles, se hayan reportado visitas de inspección o diligencias para verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales.
A esto se suma la instalación de un cercado con alambre de púas a unos cuatro kilómetros de la cabecera municipal, que habría restringido el paso por un tramo de la franja costera.
La inconformidad también está relacionada con el crecimiento de los desarrollos residenciales en Sisal, mientras habitantes enfrentan interrupciones en el suministro eléctrico y fallas en la red de agua potable.
Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han advertido que la remoción de vegetación y la construcción sobre dunas pueden alterar el movimiento natural de los sedimentos y aumentar el riesgo de erosión costera.
El caso de Kookay deja sobre la mesa preguntas concretas: ¿se están verificando las condicionantes ambientales?, ¿qué medidas se aplicaron para proteger la vegetación y las zonas de anidación?, ¿y qué autoridad revisará las restricciones reportadas al acceso a la costa?
La respuesta depende de que las autoridades competentes transparenten las actuaciones realizadas y determinen si el proyecto cumple con la normativa ambiental vigente.
