Por años nos han dicho que vivimos en una democracia. Que la pluralidad es bienvenida. Que la crítica fortalece al sistema. Pero esa narrativa se desploma cuando un periodista termina esposado, incomunicado y violentado por atreverse a decir lo que muchos callan.
Jorge González, director de Tribuna de Campeche, fue detenido con brutalidad. A sus 71 años, fue tratado como si fuera un criminal peligroso, cuando su único “delito” ha sido ejercer el periodismo con dignidad y sin miedo. Hoy está aislado en un hospital, sin contacto con su familia, sin acceso a su defensa, sin garantías. En pocas palabras: secuestrado por el poder.
Layda Sansores, como buena representante del estilo Morena, ha convertido la represión en política pública. La crítica no se debate, se elimina. El periodista no se escucha, se silencia. Su gobierno actúa como si Campeche fuera un feudo personal y la prensa, un enemigo a vencer. Porque para quienes viven del privilegio y la simulación, no hay nada más peligroso que un medio que exhibe la realidad.
El mensaje es claro y aterrador: si te atreves a cuestionar al poder, prepárate para las consecuencias. Y eso no lo dice un juez ni una ley; lo dicta la voluntad de una gobernadora que confunde autoridad con impunidad.
No podemos normalizar esta violencia. No podemos permitir que se castigue la verdad. La libertad de expresión no es un lujo, es una necesidad vital en cualquier sociedad que aspire a ser libre. Cuando el gobierno es quien decide quién habla y quién calla, ya no estamos hablando de democracia: estamos frente a un régimen de censura.
Hoy exijo, como ciudadano y como voz que no se quiere rendir, la liberación inmediata de Jorge González. Exijo transparencia, justicia y respeto. Porque si dejamos pasar este atropello, si guardamos silencio ahora, mañana será cualquier otra voz incómoda la que desaparezca.
Y entonces sí, habrán ganado los que le temen a la verdad.
