Legisladores de la 4T en el Senado de la República negaron la licencia de paternidad solicitada por el juez yucateco Héctor Roberto Capetillo Lizama, quien pidió separarse del cargo por 90 días con goce de sueldo para atender a su hija, nacida de forma prematura y con problemas de salud.
El juez de control sustentó su solicitud en un acuerdo del desaparecido Consejo de la Judicatura Federal, que ya contemplaba licencias de paternidad. Sin embargo, dicho esquema fue eliminado con la reforma judicial de 2024, impulsada por Andrés Manuel López Obrador, y hoy usado como argumento para cerrar la puerta al cuidado parental.
La votación fue clara y política:
51 votos de Morena, PT y PVEM para negar la licencia. 35 votos de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano en contra de la negativa. 12 abstenciones.
En un boletín oficial, el Senado —controlado por Morena— sostuvo que no le corresponde otorgar licencias mayores a un mes con goce de sueldo, y llamó a “apegarse” a las reglas de la reforma judicial. Reglas que, en los hechos, castigan el cuidado.
No es neutral, es ideológico. La abogada Melissa Ayala fue contundente: negar una licencia de paternidad envía un mensaje institucional inequívoco: el cuidado sigue siendo una responsabilidad privada y, en los hechos, una tarea que se espera que asuman las mujeres. Si los hombres no pueden ausentarse sin ser penalizados, alguien más cargará con el costo.
Ayala subraya lo ausente del debate: la infancia, la paternidad activa y el impacto de decisiones que refuerzan la división sexual del trabajo, justo lo que el Estado dice querer desmontar.
“Negar una licencia de paternidad no es un acto menor: es una definición política sobre quién cuida y quién trabaja. Mientras el mensaje sea que cuidar es cosa de mujeres, la igualdad seguirá siendo una promesa incumplida”.
En nombre de una reforma, la 4T retrocede en derechos de cuidado, reproduce desigualdad y confirma que, para el sistema, la conciliación familiar sigue sin importar.
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