El día de jueves, el Poder Judicial de Yucatán, bajo las instrucciones de Álvaro Juanes Labiada, asesor de esta dependencia y colaborador cercano del exgobernador Mauricio Vila Dosal, realizó cambios estratégicos en los juzgados. Estos movimientos buscan favorecer a jueces afines al exmandatario y su círculo de influencia.
Entre los principales beneficiados se encuentra Mauricio Tappan Silveira, exconsejero jurídico de Vila, quien ahora tendrá un rol clave en la estrategia de defensa del exgobernador y sus socios en litigios dentro del estado. Como parte de esta reestructuración, fueron removidas las juezas Leticia del Socorro Cobá Magaña e Ingrid Ivette Priego Cárdenas, debido a que no respondían plenamente a las directrices de este grupo de poder.
La creciente injerencia política en el Poder Judicial de Yucatán pone en entredicho su independencia y transparencia. La manipulación en la designación de jueces refuerza un sistema judicial sometido a intereses económicos y políticos, debilitando el Estado de Derecho y afectando la confianza ciudadana en las instituciones judiciales.
Este panorama obliga a la comunidad jurídica y a la sociedad civil a mantenerse alerta frente a estas maniobras que comprometen la imparcialidad de la justicia en el estado. La intervención de organismos independientes y de vigilancia judicial se vuelve fundamental para frenar estas prácticas y garantizar que los casos sean resueltos conforme a derecho, sin injerencias políticas o económicas.