Ex colaboradores de Roberto Borge ligados a corrupción y seguridad pública viven en Mérida entre lujos y discreción
Mientras el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, continúa enfrentando procesos judiciales por delincuencia organizada, lavado de dinero y desvío de recursos, varios personajes de su círculo más cercano encontraron en Yucatán un aparente refugio lejos del escándalo político y mediático que dejó devastadas las finanzas quintanarroenses.
Entre los nombres que siguen generando cuestionamientos destacan Marisa López de Borges —relacionada con el entorno familiar del exmandatario—, Jorge Borges, así como la exfuncionaria Claudia Romanillos Villanueva y el exsecretario de Finanzas Juan Pablo Guillermo Molina, ambos señalados en investigaciones por presuntas irregularidades durante el gobierno borgista.
La figura de Claudia Romanillos ha sido una de las más polémicas. La entonces directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de Quintana Roo (IPAE) fue señalada por la entonces PGR como pieza clave en la presunta red de lavado de dinero y venta irregular de terrenos del estado a precios irrisorios.
Incluso, reportes periodísticos revelaron que durante el sexenio de Borge multiplicó su patrimonio e incorporó propiedades en Yucatán. Una investigación difundida por medios nacionales señala que Romanillos pasó de tener tres inmuebles a registrar 15 propiedades, incluyendo al menos seis bienes en territorio yucateco.
Otro personaje clave es Juan Pablo Guillermo Molina, exsecretario de Finanzas de Quintana Roo, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y señalado como parte del primer círculo financiero del exgobernador.
El caso de Roberto Borge se convirtió en uno de los mayores símbolos de corrupción política del PRI en México. Las investigaciones federales apuntan a la venta irregular de al menos 22 predios propiedad del estado mediante una red de familiares, amigos y presuntos prestanombres, causando daños millonarios al patrimonio de Quintana Roo.
Aunque oficialmente Borge sigue sujeto a procesos penales y medidas cautelares, versiones políticas en la península señalan que varios integrantes de su estructura operan actualmente desde Mérida, ciudad que durante los últimos años se ha convertido en destino de empresarios, exfuncionarios y personajes ligados al antiguo poder quintanarroense.
La pregunta que comienza a surgir en círculos políticos y ciudadanos es inevitable: si varios de sus exoperadores ya viven en Yucatán con bajo perfil y alto poder económico, en la que figuran casas en las playas yucatecas de millones de pesos, rentas de casas en Mérida de 190 mil pesos mensuales, vehículos de lujo, propiedades, lotes de joyas y relojes de millones de pesos entonces ante escenario de vivir como multimillonarios ¿podría Roberto Borge intentar instalarse también en Mérida si logra recuperar plenamente su libertad? El tema no es menor. Para muchos ciudadanos de Quintana Roo, Yucatán se ha convertido silenciosamente en una especie de “zona de retiro” para figuras relacionadas con uno de los gobiernos más cuestionados por corrupción en el sureste mexicano