La investigación publicada por Sol Yucatán señala contratos por más de 14 millones de pesos en Yucatán y más de 20 millones en Quintana Roo a través de empresas relacionadas con el empresario y político vallisoletano. Los contratos corresponden a operaciones realizadas desde 2023, según el reportaje.
MÉRIDA, YUCATÁN.— La relación entre política, negocios y contratación pública vuelve a colocarse bajo el escrutinio en Yucatán. Una investigación periodística publicada por Sol Yucatán señala que empresas vinculadas a Liborio Vidal Aguilar habrían recibido contratos gubernamentales por más de 33 millones de pesos en Yucatán y Quintana Roo desde 2023, periodo en el que el político todavía formaba parte de la administración estatal encabezada por el entonces gobernador panista Mauricio Vila Dosal.
De acuerdo con el reportaje, las operaciones se habrían realizado mediante tres empresas: Proveedora del Hogar Vidal, Bodega Mayorista del Sureste (Bomsa) y Mayoreo Electrónico Peninsular.
La publicación refiere que revisó documentación disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia y recabó testimonios de personas vinculadas con la administración pública para identificar las operaciones comerciales.
Los señalamientos abren interrogantes sobre los mecanismos de contratación, la transparencia en el uso de recursos públicos y la necesidad de esclarecer posibles conflictos de interés cuando existen vínculos entre empresarios, funcionarios y proveedores gubernamentales.
Más de 14 millones de pesos en contratos en Yucatán
Según la investigación, durante la administración del gobernador Joaquín Díaz Mena, empresas relacionadas con Vidal Aguilar obtuvieron 10 contratos por un monto superior a los 14 millones de pesos.
El reportaje sostiene que los contratos estuvieron relacionados con el suministro de artículos para el hogar y electrodomésticos destinados a distintas actividades gubernamentales, entre ellas celebraciones de fin de año, el Día del Policía y el Día de las Madres.
Entre los documentos citados aparece el contrato SAF/DGA/2025/05/0001, celebrado entre la Secretaría de Administración y Finanzas de Yucatán y Mayoreo Electrónico Peninsular, representada legalmente por Pamela Guadalupe Rubio Pool.
El documento establece un monto mínimo de 33 mil 627.22 pesos y un máximo de 1 millón 37 mil 468.52 pesos, más el impuesto al valor agregado, para el suministro de distintos artículos, entre ellos televisores, hornos de microondas, tabletas, refrigeradores y lavadoras.
El contrato, fechado el 7 de mayo de 2025, identifica a Víctor José Álvarez Pérez como subsecretario de Actividades Protocolarias y a Eva Adriana Ku García como directora general de Administración de la dependencia.
La existencia del contrato acredita una relación comercial documentada entre la dependencia estatal y la empresa proveedora. Sin embargo, por sí sola no demuestra una conducta ilícita ni permite concluir que hubo favoritismo o corrupción.
Contratos por más de 20 millones de pesos en Quintana Roo
La investigación también señala que empresas relacionadas con Vidal Aguilar recibieron al menos 12 contratos por más de 20 millones de pesos en Quintana Roo, provenientes del gobierno estatal y del Ayuntamiento de Tulum.
De acuerdo con la publicación, las operaciones se realizaron durante administraciones municipales encabezadas primero por Marciano Dzul Caamal y posteriormente por Diego Castañón Trejo.
Los contratos mencionados corresponden al suministro de electrodomésticos mediante Mayoreo Electrónico Peninsular.
El reportaje sostiene que parte de estas operaciones se realizó en 2023, cuando Liborio Vidal ocupaba la titularidad de la Secretaría de Educación del Gobierno de Yucatán.
Este señalamiento plantea la necesidad de examinar las fechas de contratación, las relaciones empresariales y los procedimientos de adjudicación para determinar si existieron posibles incompatibilidades o conflictos de interés. Cualquier conclusión en ese sentido requiere documentación y una valoración de las autoridades competentes.
Antecedentes de observaciones de fiscalización
La publicación también hace referencia a observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) relacionadas con la Secretaría de Educación del Gobierno de Yucatán durante la administración anterior.
Según el reportaje, entre los conceptos observados figuran 62 millones 720 mil 32.73 pesos relacionados con inconsistencias en la nómina y otro monto de 1 millón 979 mil 780 pesos correspondiente a pagos a empleados que ya no laboraban en la dependencia.
La investigación indica que estas observaciones quedaron registradas en el expediente 2024-A-31000-19-2134-2025.
Es importante distinguir entre las observaciones de auditoría y una resolución definitiva de responsabilidad. Los montos señalados deben analizarse conforme al estado de los procedimientos de aclaración, solventación o, en su caso, determinación de responsabilidades. La documentación citada en el reportaje no permite afirmar por sí sola que exista una sentencia penal contra Vidal Aguilar.
El trasfondo político de su incorporación a Morena
El reportaje también aborda la incorporación de Liborio Vidal a Morena y las críticas que, según la publicación, expresaron fundadores y consejeros del partido ante la posibilidad de que participe en un proceso interno relacionado con la candidatura a la alcaldía de Mérida.
De acuerdo con Sol Yucatán, integrantes del partido cuestionaron su trayectoria política y manifestaron su rechazo a una eventual postulación.
La publicación sostiene que Vidal Aguilar ha participado en distintas fuerzas políticas y que sus cambios de afiliación han generado críticas entre adversarios y antiguos compañeros de partido.
Estas diferencias forman parte de la disputa política interna, pero deben distinguirse de los señalamientos sobre contratación pública, los cuales requieren un análisis documental independiente.
Transparencia y rendición de cuentas, bajo escrutinio
Los contratos públicos deben sujetarse a procedimientos transparentes, criterios verificables y mecanismos de fiscalización que permitan conocer quién recibe los recursos, qué bienes o servicios entrega y bajo qué condiciones se realizan las operaciones.
En este caso, la información publicada por Sol Yucatán plantea preguntas sobre el volumen de contratos adjudicados a las empresas mencionadas, sus relaciones con el entorno político de Vidal Aguilar y los mecanismos utilizados para garantizar la imparcialidad en las compras gubernamentales.
Para establecer si existieron irregularidades sería necesario revisar integralmente los expedientes de contratación, las declaraciones de intereses correspondientes, los procedimientos de adjudicación y las eventuales resoluciones de las autoridades fiscalizadoras.
La exigencia de transparencia debe alcanzar a todos los gobiernos y a todos los proveedores que manejan recursos públicos. Las autoridades tienen la responsabilidad de aclarar cualquier señalamiento sustentado en documentos y garantizar que las contrataciones se realicen conforme a la ley.
