A pesar de la resolución emitida a finales de 2022 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoció plenamente la violencia obstétrica, el año 2023 ha visto un aumento de casos documentados por las comisiones de derechos humanos en México.
Mientras tanto, en Yucatán, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021 revela que 53,059 mujeres fueron maltratadas durante su último parto entre 2016 y 2021.
Según los datos de la encuesta, el 37.1% de las mujeres de 15 a 49 años que tuvieron su último parto en Yucatán experimentaron maltrato en algún momento, mientras que el 62.9% afirmó no haber sufrido maltrato.
A nivel nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitieron 146 recomendaciones por violencia obstétrica en el sistema de salud público en los últimos ocho años.
La falta de inclusión de la violencia obstétrica en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia fue señalada en 2023 por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, dificultando el acceso a la justicia.
La estadística muestra que 4 de cada 10 mujeres en la Ciudad de México han vivido violencia obstétrica, una forma de violencia de género normalizada y invisibilizada.
En octubre de 2023, la comisión emitió la recomendación 10/2023 por nueve expedientes de queja relacionados con muertes maternas y peri o neonatales debido a irregularidades catalogadas como violencia obstétrica.
La partera tradicional Juana Antonio destaca la importancia de entender y respetar a las mujeres en el proceso de parto, mientras persiste el rechazo del sector médico al término “violencia obstétrica”.
A pesar de la jurisprudencia de la CIDH, que establece estándares clave, en México, órganos colegiados como el Consejo Mexicano de Ginecología rechazan la existencia del término. Se necesita urgentemente la creación de políticas públicas integrales para abordar la violencia obstétrica y mejorar la atención en salud materna.