La Fiscalía Anticorrupción ha iniciado una investigación contra el alcalde de Motul, Roger Aguilar, alias “El Zorro”, y varios regidores del cabildo municipal, acusados de ejercicio ilícito del servicio público y coalición de servidores públicos, ambos delitos cometidos en pandilla. La investigación se desató tras una denuncia presentada por la síndico municipal, Olga Abraham.
El pasado miércoles, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al palacio municipal de Motul para notificar a los regidores y recoger las actas de una sesión de cabildo considerada ilegal. En dicha sesión, se sustituyó a Olga Abraham como representante del municipio, una acción que ella asegura fue realizada sin fundamento jurídico.
Entre los regidores notificados se encuentran Leander Palma del PAN, Gaspar Colli y Areli Uitz de Morena, Luis Maldonado Casanova, Raymundo May Chim, Edwin Adiel Aké Chalé, Sheila Cuevas Tamayo, Adriana Can Celis y Miguelina Sánchez Tzab del PVEM. Muchos de ellos no estaban al tanto de las maniobras del alcalde para remover a la síndico, lo que ha generado pánico entre los involucrados.
La controversia surgió a raíz de la sesión de cabildo del 6 de marzo, donde, según la denuncia de Olga Abraham, se tomó la decisión de sustituirla con el argumento de que ella había manifestado verbalmente su incapacidad para asistir a las audiencias judiciales. El secretario municipal, Raymundo May Chim, se propuso a sí mismo para relevarla, lo cual, según Abraham, carece de validez legal ya que no presentó ninguna notificación oficial de su supuesta incapacidad.
Abraham sostiene que la sesión fue ilegal y que nunca manifestó su incapacidad para continuar representando al ayuntamiento en las carpetas de investigación. Además, subraya que cualquier notificación de incapacidad debería haberse hecho por escrito, no verbalmente.
El alcalde Aguilar Arroyo, quien estuvo presente en la sesión, afirmó estar allí solo como oyente y no participó en la votación ni en la firma de acuerdos. Sin embargo, Olga Abraham señala que Aguilar sí dio instrucciones al secretario municipal, lo que implica su injerencia en la decisión.
La síndico acusa al alcalde y a los regidores de intentar constituir una representación a modo para facilitar un acuerdo reparatorio que beneficie a “El Zorro” en sus casos de mal manejo de recursos públicos. El secretario municipal, designado a propuesta de Aguilar Arroyo, no se opondría a un acuerdo reparatorio, según la denunciante.
El caso pone en evidencia la compleja red de intereses y maniobras políticas en el cabildo de Motul, con implicaciones significativas para la administración municipal y la integridad de sus procesos legales. La intervención de la Fiscalía Anticorrupción busca esclarecer los hechos y asegurar la rendición de cuentas de los funcionarios involucrados.