El caso de Tania Martínez, la mujer que denunció la confiscación arbitraria de su camioneta por parte de agentes de seguridad el pasado 26 de febrero, sigue sin esclarecerse. Y peor aún, las declaraciones de la alcaldesa de Conkal, Linda Margarita Pérez Quijano, lejos de resolver el asunto, dejan en evidencia su falta de compromiso y transparencia.
Una “aclaración” llena de evasivas
Después de semanas de incertidumbre y denuncias públicas, Pérez Quijano rompió el silencio con una versión que genera más dudas que respuestas. Según la alcaldesa, el vehículo se encuentra bajo resguardo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán, deslindándose completamente del caso.
«Sí, está con la policía estatal, es correcto. De hecho, esta semana acudió un abogado y realmente la policía no está en poder nuestro», dijo la edil.
Sin embargo, esta afirmación contradice el testimonio de Tania Martínez, quien ha visitado múltiples dependencias sin recibir una sola respuesta clara sobre el paradero de su camioneta. Si el gobierno estatal tiene el vehículo, ¿por qué la propietaria no ha sido informada formalmente? ¿Por qué la SSP y el Ayuntamiento de Conkal se han manejado con total opacidad?
Abuso e intimidación: una historia de terror
Lo ocurrido con Tania Martínez no es un simple “procedimiento policial”, sino un claro caso de abuso de autoridad e intimidación. Según su denuncia, agentes policiales le impidieron abordar su camioneta sin identificación ni orden alguna, la registraron, le quitaron las llaves y un oficial se llevó el vehículo manejándolo personalmente, sin siquiera esperar una grúa.
Pero lo más alarmante vino después: la obligaron a subir a una patrulla con sus hijos menores y la llevaron a su casa, diciéndole que sabían quién era, dónde vivía y hasta en qué escuela estudiaban sus hijos. Un mensaje claro de amedrentamiento que ha dejado a Martínez en un estado de miedo e indefensión, al punto de modificar su rutina y evitar salir sola.
La alcaldesa elude su responsabilidad
Pérez Quijano afirma que el tema “ya se está atendiendo” y que “es meramente estatal”. Pero, ¿dónde estuvo la alcaldesa durante toda una semana mientras una ciudadana de su municipio buscaba desesperadamente respuestas? ¿Por qué no exigió transparencia si su propia Policía Municipal participó en el operativo?
Este caso es un reflejo del abandono institucional en Conkal: una autoridad municipal que prefiere lavarse las manos, una corporación policial que actúa con total impunidad y una ciudadanía que, ante esta indiferencia, queda completamente desprotegida.
Lo mínimo que se espera ahora es que la SSP y el Ayuntamiento de Conkal den explicaciones públicas, claras y documentadas sobre el operativo, el motivo de la confiscación y la ubicación del vehículo. De lo contrario, solo quedará claro lo que muchos ya sospechan: que en Conkal, el abuso de poder es la norma y la justicia, una ilusión.