La Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE) ha sido señalada por presuntamente minimizar delitos graves en el caso de Yani C.P., directora de una guardería en Motul, a quien únicamente imputará por daño a una camioneta, pese a que la denuncia original describe allanamiento de morada con violencia y uso de un arma blanca.
De acuerdo con los documentos integrados en la carpeta de investigación y con la versión de la parte denunciante, la acusada habría ingresado con violencia al predio de una adulta mayor en Cansahcab el 28 de noviembre de 2024, para posteriormente intentar acceder al interior de la vivienda. Al no lograrlo, la mujer habría causado daños con unas tijeras a un vehículo estacionado en la terraza y luego huyó del lugar.
El incidente quedó registrado en video, lo que permitió a la afectada —una mujer de más de 70 años— presentar una denuncia formal ante la Fiscalía de Motul. Sin embargo, a casi un año del hecho, familiares de la víctima afirman que el proceso no ha avanzado conforme a lo esperado y que los delitos más graves han sido descartados sin explicación clara.
La directora de la guardería, Yani C., enfrenta acusaciones que, según la víctima, quedarían documentadas en los videos entregados a la fiscalía:
Ingreso sin autorización a un predio privado (posible allanamiento de morada con violencia). Comportamiento agresivo hacia una adulta mayor. Daños materiales ocasionados con unas tijeras a un vehículo.
Personas cercanas a la denunciante han manifestado preocupación por lo que consideran un trato permisivo hacia la acusada, ya que afirman que cuenta con vínculos familiares con figuras políticas: una hermana que habría sido funcionaria federal y un hermano que actualmente labora en el Ayuntamiento de Motul.
Estas aseveraciones no han sido confirmadas oficialmente, pero han motivado cuestionamientos sobre presunto trato preferencial en la ejecución del proceso.
De acuerdo con la propia Fiscalía —en documentación citada por la denunciante— la institución reconoce que Yani C.:
Ingresó sin permiso al interior de una propiedad, lo que encuadraría en allanamiento de morada, un delito grave que contempla penas de tres meses a tres años de prisión, y cuyo castigo se duplica cuando existe violencia, conforme al artículo 236 del Código Penal del Estado de Yucatán. Utilizó unas tijeras para dañar un vehículo, lo que podría considerarse portación de arma blanca o instrumento prohibido. Este delito contempla penas de tres meses a tres años y de 15 a 100 días-multa, según el artículo 162 del código penal estatal.
A pesar de ello, la fiscalía habría decidido no incluir estos delitos en la carpeta de investigación para la formulación de imputación, lo que derivaría en que la acusada enfrente únicamente cargos por daños a propiedad ajena.