La jueza Suemy del Rosario Lizama Sánchez vinculó a proceso a Sergio Oceransky, polémico activista y a otras dos personas originarias de Ixil por el presunto delito de despojo en una audiencia maratónica que inició desde las 8 de la mañana y que, incluso después de las 19 horas, aún no concluía. La vinculación indica que la decisión que toma el Juez de Control determina que existen indicios suficientes con los delitos que se le acusan, en este caso, el despojo de tierras.
El caso ha desatado una nueva confrontación pública entre grupos de activistas, ejidatarios, empresarios y autoridades, en medio de acusaciones cruzadas sobre manipulación de conflictos agrarios, intereses inmobiliarios y uso político de las luchas ambientales.
Grupos contrarios a Yansa, organización de la que pertenece Oceransky aseguran que detrás del presunto activismo de la ONG, se esconde financiamiento en medios de comunicación para difamar instituciones o personas, mientras emplean el disfraz del victimismo.
Por el otro lado Integrantes de colectivos defensores del territorio acusaron que existe una “criminalización” contra quienes participan en movimientos de defensa de tierras y medio ambiente, señalando directamente al Gobierno del Estado y a la Fiscalía General del Estado de Yucatán por permitir —según afirmaron— que intereses empresariales e inmobiliarios influyan en procesos judiciales.
Además el caso también ha exhibido fuertes cuestionamientos contra el propio Sergio Oceransky, personaje que durante años se ha presentado como promotor de causas ambientales y defensor de derechos ejidales, aunque en la entidad, existen también integrantes del pueblo maya que han manifestado diversas inconformidades en su contra, como la simulación, la manipulación, y falso activismo.
Diversos sectores aseguran que detrás del discurso ambientalista existiría una estrategia de confrontación territorial que ha provocado división en comunidades de la costa yucateca.
Oceransky, quien también ha sido señalado por presuntamente mantener vínculos con proyectos de energías renovables y operaciones fuera del país, ha sido señalado por actores locales de influir en ejidatarios para disputar terrenos cuya propiedad privada ya habría sido acreditada legalmente.
De acuerdo con versiones expuestas durante las protestas realizadas afuera de la Fiscalía en Progreso, varios habitantes de Chuburná e Ixil acusaron públicamente a Oceransky y a la organización Fundación Yansa de incumplir promesas, acuerdos y presuntos apoyos económicos ofrecidos durante años.
Las manifestaciones estuvieron marcadas por consignas, reclamos y un evidente desgaste social entre grupos que antes compartían causas comunes.
Algunos de ellos señalaron que las disputas promovidas desde plataformas como Fundación Yansa, “Consejos Mayas” y “Defensores y Protectores del Futuro de Ixil” han contribuido a polarizar comunidades enteras y generar incertidumbre jurídica en varias regiones del estado.
Mientras activistas denuncian persecución y presión empresarial, empresarios y propietarios particulares exigen que las autoridades frenen invasiones y garanticen certeza legal sobre la propiedad de la tierra.