MÉRIDA, Yucatán.— Luego de una prolongada audiencia que inició desde la mañana del día anterior y concluyó durante la madrugada de este día, la Juez Primero de Control del Centro de Justicia Oral de Mérida, Mary Isabel Mex Tzab, dictó auto de vinculación a proceso penal contra Gabriel Felipe Alatriste G., señalado por el presunto delito de fraude genérico, en un caso donde la parte agraviada reclama un daño patrimonial cercano al millón de euros.
Durante la extensa diligencia judicial, las partes sostuvieron intensos debates y se realizaron varios recesos. Al finalizar, la autoridad judicial otorgó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, mientras que permanecen vigentes las medidas cautelares impuestas previamente.
Entre las restricciones impuestas al imputado destacan la firma mensual obligatoria, una garantía económica de 400 mil pesos, la prohibición de salir del estado, vigilancia permanente y el uso de un brazalete localizador.
De acuerdo con la carpeta de investigación dentro de la causa penal 265/2026, también aparecen mencionados otros presuntos implicados: Gabriel Ignacio A.L., Wilhelm D. y Gerhard P.W., estos dos últimos de origen alemán.
Presunto fraude ligado a proyecto de residuos
Según la denuncia presentada, en agosto de 2022 los involucrados habrían contactado a la empresa afectada, Ciclo Corporativo S.A. de C.V., con la supuesta intención de desarrollar un negocio relacionado con la operación y producción de una planta de transformación de residuos sólidos urbanos.
Sin embargo, la parte denunciante sostiene que, tras más de un año, no existió un avance real en el proyecto, mientras presuntamente se registraron conductas evasivas, inconsistencias y maniobras que habrían derivado en un lucro indebido de aproximadamente un millón de euros.
Proyecto había sido anunciado por autoridades
El caso ha generado atención debido a que dicho proyecto de tratamiento de residuos fue anunciado públicamente en 2023 por el Gobierno del Estado de Yucatán y el Ayuntamiento de Mérida, lo que ahora añade presión sobre el seguimiento del caso judicial y las posibles responsabilidades de los involucrados.
Las investigaciones continúan mientras las autoridades buscan esclarecer el alcance del presunto fraude y determinar si existen más responsabilidades dentro del expediente.
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