La tarde del pasado 30 de octubre de 2024, las oficinas del deporte meridano presenciaron un nombramiento que muchos dentro del gremio pugilístico y del pancracio calificaron como un “screwball” (un lanzamiento con efecto inesperado) directo desde el escritorio del Palacio Municipal. Nadie esperaba que el abogado Jorge Martín Pech asumiera la presidencia de la Honorable Comisión de Box y Lucha Libre de Mérida (CBM) para el trienio 2024-2027. La primera gran señal de alarma política y fractura institucional quedó registrada ese mismo día: la alcaldesa de la ciudad, Cecilia Patrón Laviada, no asistió a la toma de protesta, un vacío protocolario que marcó el nacimiento de una gestión cobijada por el mutismo y la polémica.
A casi dos años de haber asumido el control, lo que inició como una sorpresa administrativa ha escalado a una crisis de legitimidad, opacidad financiera y presunto desvío de poder. El descontento de los luchadores y boxeadores locales ha dejado de ser un secreto de vestidores para convertirse en una denuncia abierta de abuso de autoridad, cuyo caso más reciente y flagrante es el del gladiador local Ángel Infernal Junior.
El Caso Ángel Infernal Jr.: Sanciones fuera de jurisdicción
La gota que derramó el vaso de la paciencia del gremio de la lucha libre en Mérida ocurrió recientemente tras una función en el vecino municipio de Kanasín. Tras el evento, la Comisión presidida por Martín Pech impuso una estricta sanción de dos meses de inactividad al luchador Ángel Infernal Junior.
El fondo de la polémica no es la indisciplina del atleta, sino la flagrante violación a la soberanía municipal y la extralimitación de funciones. Legalmente, la Comisión de Box y Lucha Libre de Mérida no tiene ninguna injerencia ni jurisdicción territorial en Kanasín. Al aplicar un castigo por hechos ocurridos fuera de su demarcación, la directiva no solo vulnera los derechos laborales del deportista, sino que incurre en un vacío legal que evidencia la falta de criterio técnico e institucional dentro del organismo.
Un triunvirato de asesores sin lona ni ring
Fuentes cercanas a la Comisión señalan que el origen de estas inconsistencias legales y deportivas radica en el círculo cercano de Martín Pech. Aunque el presidente cuenta con experiencia previa como vocal en administraciones pasadas (como la de José Manzur), reportes del gremio apuntan a que hoy se encuentra completamente respaldado y asesorado por tres personajes que desconocen en absoluto las reglas, la historia y la operatividad tanto del boxeo como de la lucha libre.
Esta falta de “colmillo” y conocimiento técnico ha provocado que las sanciones se apliquen de manera arbitraria y con criterios meramente personales, alejando a la Comisión de su propósito original: regular, proteger al deportista y garantizar el espectáculo bajo reglamentos aprobados por el Cabildo.
Opacidad Financiera: Multas a cuentas personales
La investigación en torno a la gestión de Martín Pech adquiere un matiz aún más oscuro al revisar las finanzas del organismo. Luchadores y promotores, bajo estricto anonimato por temor a represalias y veto en sus licencias, han denunciado una práctica sumamente irregular: el cobro de licencias de réferis, luchadores, derechos de función y multas económicas no se están depositando en las cuentas institucionales del Ayuntamiento o de la propia Comisión, sino que se exige que los pagos sean dirigidos a cuentas bancarias personales.
Esta falta de transparencia financiera no solo viola los lineamientos de la administración pública de Mérida, sino que abre la puerta a sospechas de corrupción y desvío de recursos. ¿A dónde va a parar el dinero de los castigos aplicados a los deportistas locales si los fondos no ingresan a la tesorería oficial?
El costo político y deportivo
No es la primera vez que la gestión de Martín Pech genera fricciones. A mediados de 2025, el presidente estuvo en el ojo del huracán al avalar polémicas “funciones mixtas” que mezclaban boxeo con artes marciales y karate en un mismo cartel, una propuesta meramente comercial del promotor Homá Pech que fue duramente criticada por los defensores de la rica historia del boxeo yucateco, pues se acusó a la CBM de “abaratar” el deporte local y de dar la espalda a empresas serias con tal de priorizar intereses particulares bajo el argumento de “mover a los muchachos”.
Hoy, la crisis de la lucha libre añade un nuevo capítulo de tensión. El gremio de gladiadores meridanos exige una auditoría urgente a las finanzas de la Comisión y una revisión de la validez jurídica de sus sanciones.
Mientras el trienio avanza hacia su recta final en 2027, el distanciamiento inicial que la alcaldesa Cecilia Patrón mostró el día de la toma de protesta parece cobrar sentido: la Comisión de Box y Lucha Libre de Mérida opera como un barco a la deriva, donde el reglamento se dobla al antojo de la mesa directiva y los golpes más fuertes ya no se dan arriba del ring, sino desde la oficina presidencial de un organismo que urge ser rescatado.
