PorEsoMx | Mérida, Yucatán.— El desarrollo inmobiliario “Las Dunas”, que se construye en la costa de Chuburná Puerto, continúa desatando una fuerte controversia en Yucatán. Mientras colectivos ambientalistas denuncian un posible daño irreversible al ecosistema de dunas y humedales, la atención también se ha centrado en los presuntos vínculos empresariales detrás del proyecto y en el cambio de postura de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
De acuerdo con información publicada por diversos medios y documentos relacionados con el procedimiento ambiental, el proyecto ha sido vinculado públicamente con personas cercanas al empresario hotelero José “Pepe” Chapur Zahoul.
Las versiones difundidas señalan que entre los operadores del proyecto figuran familiares del empresario, entre ellos su hijo Gibrán Chapur y su yerno Víctor Abraham, quienes han participado en distintos proyectos de inversión en la región. Hasta el momento, ninguno de ellos ha emitido un posicionamiento público sobre estos señalamientos.
De una negativa… a una autorización condicionada
Uno de los aspectos que más cuestionamientos ha generado es el proceso seguido por Semarnat.
En diciembre de 2023, la dependencia federal negó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) al considerar que la zona presentaba condiciones de alta fragilidad ecológica y que el proyecto resultaba incompatible con las características del sitio.
Sin embargo, posteriormente el proyecto obtuvo una autorización condicionada, luego de modificaciones en su planteamiento y ajustes relacionados con el Programa de Desarrollo Urbano del municipio de Progreso. Los promoventes sostuvieron que solo una parte del predio sería urbanizada y que el resto permanecería como área de conservación.
Este cambio de criterio ha sido duramente cuestionado por especialistas y organizaciones ambientales, quienes sostienen que la protección parcial del predio no elimina los riesgos para un ecosistema considerado estratégico para la protección de la costa yucateca.
Profepa interviene tras la presión social
Las protestas ciudadanas crecieron durante las últimas semanas encabezadas por colectivos como Salvemos las Dunas, quienes denunciaron afectaciones al ecosistema y exigieron revisar la legalidad de los permisos otorgados.
Ante la presión social y la solicitud del Gobierno de Yucatán para revisar el proyecto, inspectores de la Profepa colocaron sellos de clausura en el desarrollo mientras continúan las investigaciones para verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental.
Hasta ahora, las autoridades federales no han informado si la medida representa una suspensión definitiva o únicamente una clausura temporal derivada del procedimiento administrativo.
Más preguntas que respuestas
El caso de “Las Dunas” ha abierto un debate que va más allá de un desarrollo inmobiliario.
La principal interrogante sigue siendo cómo un proyecto que inicialmente fue rechazado por su posible impacto ambiental terminó obteniendo autorización para desarrollarse en una de las zonas costeras más sensibles del estado.
Mientras continúan las investigaciones, ambientalistas insisten en que las autoridades transparenten el proceso mediante el cual se modificó el criterio técnico y se esclarezca quiénes son los beneficiarios finales del proyecto.
La polémica continúa creciendo y el futuro de las dunas de Chuburná permanece en manos de las autoridades ambientales y de las resoluciones que emitan en las próximas semanas.
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