Por: Redacción
Documentos públicos y registros de marca revelan que la empresa desarrolladora ‘Basavi Grupo Inversor’, propiedad de Luis Alberto Basulto Ávila —hijo del titular del Instituto Promotor de Ferias de Yucatán, Alberto “Tito” Basulto Soberanis—, figura como patrocinadora en eventos oficiales gestionados por la dependencia estatal.
MÉRIDA, YUCATÁN.– Un probable esquema de conflicto de interés se cierne sobre la administración del Instituto Promotor de Ferias de Yucatán (IPFY). La presencia de la firma comercial Basavi Grupo Inversor como marca patrocinadora en eventos vinculados a la Feria Yucatán Xmatkuil y otras actividades organizadas por el organismo estatal encendió los focos rojos debido a los lazos consanguíneos entre los directivos de la empresa privada y el titular de la dependencia pública.
Investigaciones e información circulante en el sector comercial señalan que Luis Alberto Basulto Ávila, socio y directivo de la desarrolladora inmobiliaria Basavi, es hijo de Alberto “Tito” Basulto Soberanis, actual Director General del IPFY. La inclusión de la marca comercial en los carteles, material publicitario y espacios de patrocinio de eventos coordinados por el instituto evidencia un cruce directo entre el ejercicio de la función pública y los intereses económicos del núcleo familiar del funcionario.
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| ESTRUCURA DEL PRESUNTO CONFLICTO DE INTERÉS EN EL IPFY |
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| Servidor Público (IPFY) | C.P. Alberto “Tito” Basulto Soberanis |
| Cargo | Director General del Instituto Promotor… |
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| Familiar Directo | C. Luis Alberto Basulto Ávila (Hijo) |
| Entidad Privada | Basavi Grupo Inversor |
| Rol en Eventos Oficiales | Marca Patrocinadora Promocionada |
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Un patrón de opacidad e incremento patrimonial
Las alertas sobre la gestión de Basulto Soberanis al frente del IPFY no son recientes. Cuestionamientos previos sobre el manejo de los recursos públicos, la asignación de espacios comerciales dentro del recinto ferial de Xmatkuil y los contratos de arrendamiento de infraestructura ya habían puesto bajo la lupa el vertiginoso crecimiento patrimonial del funcionario.
Sin embargo, la irrupción de Basavi Grupo Inversor en la lista de patrocinadores de eventos coordinados por el IPFY da un giro a las sospechas: ya no se trata únicamente de la administración de los fondos presupuestales del instituto, sino del uso de la vitrina pública e institucional del Estado para posicionar y otorgar proyección a una marca comercial propiedad de su hijo.
¿Qué dice el marco legal?
Especialistas en derecho administrativo coinciden en que la participación de empresas de familiares directos en eventos o contrataciones vinculadas a la dependencia que encabeza un servidor público transgrede los principios éticos de la función pública y podría constituir faltas administrativas graves.
De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los servidores públicos deben abstenerse de intervenir en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios. La ley especifica que existe un conflicto de interés cuando los intereses personales de un funcionario público entran en colisión con el ejercicio imparcial de sus atribuciones oficiales, particularmente cuando involucran a parientes consanguíneos hasta el cuarto grado.
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| MARCO NORMATIVO SOBRE CONFLICTO DE INTERÉS (LGRA) |
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| Artículo Violado (Supuesto) | Ley General de Responsabilidades Admin. |
| Vínculo Incompatible | Consanguinidad en primer grado (Padre – Hijo)|
| Riesgo Jurídico | Beneficio directo a entidad privada familiar |
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Falta de postura oficial
Hasta el cierre de esta edición, ni el Director General del IPFY, Alberto Basulto Soberanis, ni los representantes legales de la empresa Basavi Grupo Inversor han emitido una postura oficial para aclarar bajo qué términos o convenios de patrocinio se autorizó la presencia de la marca en los eventos institucionales del Gobierno del Estado, ni si existió un pago o contraprestación económica por dichos espacios.
La divulgación de estos vínculos incrementa la presión de la opinión pública sobre los órganos de fiscalización interna y la Secretaría de la Contraloría del Estado para que se inicien las investigaciones correspondientes que deslinden responsabilidades en la administración del Instituto Promotor de Ferias.
