La investigación federal contra Justo Rivera Parrazales, conocido como “El Señor de los Lamborghinis y Ferraris” o “El Rivers”, continúa ampliándose y ahora alcanza presuntos contratos públicos adjudicados durante las administraciones de los exgobernadores Rutilio Escandón, de Chiapas, y Omar Fayad, de Hidalgo.
De acuerdo con información presentada por el Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General de la República (FGR), las indagatorias apuntan a que empresas presuntamente vinculadas a Rivera Parrazales obtuvieron contratos para el suministro de medicamentos y equipo médico por un monto superior a 324 millones de pesos, recursos que, según la hipótesis de la autoridad, habrían sido utilizados para alimentar una estructura de lavado de dinero y evasión fiscal relacionada con el grupo criminal La Barredora.
Rivera Parrazales fue detenido el pasado 17 de julio de 2026, tras un operativo federal en una residencia ubicada en San Ramón Norte, en Mérida, además de cateos realizados en bodegas localizadas en Dzityá, sobre la carretera Mérida-Progreso.
Durante las diligencias, las autoridades aseguraron una residencia considerada de alta gama, una flotilla integrada por 15 vehículos exóticos, entre ellos automóviles Lamborghini y Ferrari, así como diversos bienes cuyo valor conjunto fue estimado en más de 145 millones de pesos.
La FGR identifica a Rivera Parrazales como un presunto operador financiero de La Barredora, organización criminal que las autoridades vinculan con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el sureste del país. Según las investigaciones, la red habría obtenido recursos mediante contrataciones públicas que posteriormente eran canalizados para financiar actividades ilícitas y adquirir propiedades y vehículos de lujo.
Las líneas de investigación también relacionan a la organización con Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, identificado por las autoridades con los alias de “El Comandante H”, “El Abuelo” o “El Munra”.
Hasta el momento, la FGR no ha informado sobre imputaciones penales en contra de Rutilio Escandón o Omar Fayad, quienes aparecen mencionados en la investigación por las contrataciones realizadas durante sus respectivas administraciones. Escandón se desempeña actualmente como cónsul general de México en Miami, mientras que Fayad ocupa el cargo de embajador de México en Noruega.
La investigación federal permanece en curso y las autoridades continúan analizando el destino de los recursos públicos y la posible participación de funcionarios y particulares en el esquema bajo investigación.
