Campeche, México – En un acto de valentía que debería sacudir los cimientos del Colegio de Bachilleres de Campeche (COBACAM), una estudiante del plantel Lerma denunció públicamente, a través de redes sociales, el acoso sistemático que ha sufrido por parte del encargado del laboratorio. Pero más grave aún que el acoso mismo es la respuesta institucional: silencio, omisión y encubrimiento.
Desde su ingreso al COBACAM, el trabajador señalado —un químico identificado como docente sindicalizado— utilizó su posición para acercarse de manera indebida a la joven. Bajo la excusa de temas escolares, comenzó a enviarle mensajes cada vez más personales, incómodos y claramente intimidantes. Comentarios sobre su apariencia, apodos denigrantes como “muñequita”, preguntas sobre su vida privada e intentos por verla a solas durante vacaciones escolares conforman un patrón de acoso psicológico sostenido, que terminó por convertirse en una amenaza directa a su seguridad.
Una institución que prefiere callar
Lo más indignante no es sólo la conducta del acosador, sino la complicidad activa del plantel. Según el testimonio de la víctima, su padre acudió a la dirección del COBACAM para presentar una queja formal. Hace más de seis meses. Desde entonces, no solo no ha habido sanción alguna, sino que el agresor sigue en funciones y mantiene contacto con otras estudiantes. Peor aún, el director del plantel intentó minimizar los hechos y justificar al acosador, en lugar de proteger a la víctima.
Todo apunta a un manto de protección sindical y complicidad institucional. El señalado, al parecer, goza del respaldo del director general del COBACAM, César González David, lo que explicaría la impunidad con la que sigue operando dentro de la escuela.
El silencio institucional también es violencia
En un país donde el acoso escolar y el abuso de poder siguen cobrando víctimas, este caso en Campeche expone el rostro podrido de una institución educativa que prefiere proteger a sus empleados que a sus alumnas. La denuncia no solo apunta al responsable directo del acoso, sino también a un sistema que valida el abuso con su inacción.
La educación no puede ni debe ser un terreno fértil para agresores disfrazados de docentes. Cada mensaje no solicitado, cada insinuación, cada intento por aislar a una alumna es una forma de violencia. Y cuando una joven se atreve a romper el silencio, lo mínimo que debe recibir es respaldo, protección y justicia.
“No están solas”: la fuerza de una denuncia colectiva
La joven cerró su testimonio con un llamado a otras estudiantes: “Juntas podemos alzar la voz y exigir un ambiente escolar seguro y libre de acoso”. No es un grito aislado. Es el eco de miles de voces silenciadas por años en escuelas públicas donde el miedo pesa más que la ética profesional.
La responsabilidad ahora recae en la Secretaría de Educación del Estado de Campeche, en la Fiscalía General del Estado y en la propia dirección general del COBACAM. Cada día que este sujeto permanece en contacto con estudiantes, es un día más de impunidad.
¿Hasta cuándo la protección al agresor?
El mensaje es claro: si César González David y los directivos del COBACAM no actúan de inmediato, serán recordados como los funcionarios que prefirieron blindar a un acosador que proteger a sus alumnas.
¡Ya basta! La impunidad también es una forma de violencia.