Seis años después de un trágico accidente que le arrebató a su esposo, una ciudadana yucateca continúa atrapada en un laberinto de irregularidades, omisiones y amenazas mientras busca justicia en el sistema legal del estado. El caso involucra al conductor y al camión de la empresa Muebles e Inmuebles del Sureste S.A. de C.V. (MCP), responsable del atropellamiento que terminó con la vida de su pareja.
El accidente que cambió su vida
El 8 de junio de 2019, la vida de esta pareja, que soñaba con formar una familia de cuatro, se detuvo. La mujer encontró en el lugar del accidente la motocicleta destruida de su esposo, su calzado tirado, rastros de sangre y el camión apenas con raspones. Trasladado al Hospital T1 del IMSS, el hombre sufrió fractura de mandíbula, golpes graves en el rostro y una lesión con hueso expuesto en la pierna, permaneciendo en Terapia Intensiva con pronóstico reservado.
Ocho días estuvo a su lado, sin dormir, aferrada a la esperanza. Mientras tanto, denunció presiones y amenazas: dos mujeres llegaron incluso a la puerta de Terapia Intensiva para intimidarla y obligarla a desistir de la denuncia. Finalmente, el 16 de junio —Día del Padre— su esposo falleció por politraumatismos, incluyendo fractura craneal, ruptura de costillas y daños severos en órganos internos.
Irregularidades y corrupción en el sistema de justicia
Tras la muerte, comenzó una lucha legal que aún continúa. La mujer reporta irregularidades desde su primera visita a la Fiscalía de Yucatán: cambios de declaración sin su consentimiento, alteración de documentos, liberación inexplicada del conductor y del camión, negación de acceso a su carpeta y funcionarios ligados a MCP interfiriendo en el caso.
Durante la pandemia, la carpeta fue transferida de manos varias veces, y en 2023, una funcionaria conocida como “Cielo” le aseguró que el caso estaba “perdido” porque abogados cercanos al sistema habrían pagado para dar carpetazo, refiriéndose a su esposo de manera denigrante.
A pesar de estos obstáculos, gracias a una copia certificada de su expediente, logró que el caso fuera finalmente enviado al CEJOM en enero de 2024.
Amenazas y desgaste físico y emocional
La lucha judicial ha sido constante. En 2024 y 2025, la mujer recibió amenazas telefónicas, presiones para abandonar el caso y burlas del dueño de MCP durante audiencias. El conductor implicado ahora aparece como chivo expiatorio, enfrentando pagos injustificados por supuestos daños al camión.
El desgaste ha afectado su salud: depresión, pérdida de memoria a corto plazo, hipertensión y vitíligo son algunas de las consecuencias que enfrenta mientras continúa asistiendo a cada audiencia.
Un llamado por justicia y derechos humanos
La ciudadana pide que se garantice justicia y que el sistema no revictimice a quienes buscan amparo legal. “Nadie merece vivir con miedo por pedir justicia”, asegura.
El 20 de noviembre de 2025 declaró nuevamente como testigo, y el 24 de noviembre se presentará para conocer los avances del proceso, aún temerosa de otra decepción del sistema.