Un hecho indignante sacude al municipio de Compostela, donde un profesor identificado como Ricardo Frendy es buscado por las autoridades luego de ser acusado de colocar un dispositivo de grabación oculto en el baño estudiantil de una escuela de inglés en esta localidad.
El escándalo salió a la luz gracias a docentes del plantel English Go, quienes descubrieron el aparato escondido detrás del marco de un espejo dentro de los sanitarios utilizados por el alumnado. El sujeto, al verse descubierto, huyó, generando una ola de indignación entre la comunidad escolar y la población en general.
Docentes exigen justicia, Fiscalía investiga
Tras el hallazgo, los profesores exigieron justicia inmediata. En respuesta, la Fiscalía General del Estado de Nayarit emitió un comunicado confirmando que ya se abrió una carpeta de investigación. La dependencia informó que el 23 de mayo recibió de manera oficial la denuncia y, desde entonces, ha realizado “múltiples actos de investigación” para esclarecer los hechos.
Entre estas acciones se encuentra un cateo efectuado el lunes 26 de mayo en un domicilio relacionado con el ahora prófugo. En el lugar, se confiscaron diversos dispositivos electrónicos, los cuales están siendo analizados por peritos especializados. Sin embargo, hasta el momento, Ricardo Frendy no ha sido localizado.
¿Fue detenido o no?
Mientras que la institución educativa había informado que el profesor fue detenido el pasado jueves 22 de mayo y trasladado en una patrulla ante el Ministerio Público, la Fiscalía negó rotundamente esa versión. En su aclaración oficial, se aseguró que el sospechoso nunca fue puesto a disposición de la autoridad, ni ha estado bajo resguardo, causando aún más molestia entre la comunidad.
La contradicción ha encendido las redes sociales, donde padres de familia, estudiantes y ciudadanos en general exigen claridad, justicia y castigo ejemplar para el responsable de este atroz acto.
Una comunidad indignada, una justicia que se tarda
La respuesta tardía de las autoridades y la aparente contradicción entre los dichos del plantel educativo y la versión oficial ha generado un profundo malestar social. Organizaciones de padres de familia y activistas locales han denunciado públicamente la urgencia de proteger a los menores y evitar la revictimización de quienes fueron expuestos por este delito.
Este caso expone no solo un crimen aberrante, sino también la fragilidad del sistema de respuesta institucional ante casos de abuso y vulneración de derechos de menores. La Fiscalía asegura que seguirá informando conforme avancen los tiempos procesales, pero el clamor popular es claro: ¡Justicia ya!