En un acto que ha generado indignación y desconcierto, los titulares de los poderes legislativo y judicial del estado de Yucatán han ignorado el resolutivo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde el pasado 13 de junio, donde se declaró la inconstitucionalidad de varios artículos de la nueva Ley del ISSTEY, lo que favorece a los trabajadores estatales. Esta actitud ha sido calificada como inconcebible, ya que, hasta la fecha, no se ha dado a conocer ni se ha publicado en los medios oficiales correspondientes, dejando a los trabajadores en la incertidumbre sobre sus derechos.
El origen de la lucha jurídica
La batalla legal comenzó desde el mismo día en que se aprobó la controvertida Ley del ISSTEY, que fue vista como una amenaza directa a los derechos laborales de los trabajadores estatales. El recurso de inconstitucionalidad, presentado por el Sindicato Progresista del Poder Judicial y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) bajo los expedientes 118/2022 y 121/2022 respectivamente, fue finalmente resuelto a favor de los trabajadores por la SCJN.
Lo que establece el resolutivo de la SCJN
El resolutivo de la SCJN, ya plenamente vigente y autorizado, trae consigo varios beneficios para los trabajadores:
- Inconstitucionalidad del salario regulador: Se declaró inconstitucional el concepto de salario regulador, ordenando que las pensiones y jubilaciones se calculen con base en el salario mínimo y tomando en cuenta los últimos dos años de servicio, en lugar de los últimos 20 años como pretendía la nueva ley.
- Reducción en los años de servicio: Se restableció el requisito de 30 años de servicio, después de que la nueva ley había incrementado el tiempo a 35 años.
- Pensión para viudos: Se reconoció el derecho de los viudos a recibir el 100% de la pensión de manera automática.
Ocultamiento y posible venganza política
Pese a la claridad del resolutivo y la obligación de publicarlo en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, este no ha sido difundido, lo que ha despertado sospechas de que la omisión podría deberse a razones políticas. Con la reciente pérdida de la gubernatura y la mayoría en el Congreso local por parte del Partido Acción Nacional (PAN), se especula que el senador electo, Mauricio Vila Dosal, podría estar involucrado en este presunto acto de “venganza política”.
El papel de Luisa Martín Puc en la defensa de los trabajadores
La lucha por los derechos de los trabajadores estatales no habría sido posible sin el esfuerzo de varios actores clave, entre ellos, Luisa Martín Puc, secretaria general del Sindicato Progresista del Poder Judicial. Su papel fue crucial en la defensa legal que culminó con la victoria en la SCJN. Martín Puc, enfrentando presiones y ataques, mantuvo una firme postura contra las autoridades legislativas y judiciales, logrando que se reconocieran los derechos de los trabajadores.
La urgencia de publicar el resolutivo
La publicación de este resolutivo es ahora una necesidad imperiosa para que los trabajadores puedan gozar de los beneficios ganados. Es incomprensible que, a pesar de la derrota legal, los responsables sigan evadiendo su deber de dar a conocer la sentencia. Este retraso no solo es una falta de respeto a los trabajadores, sino también un incumplimiento de sus derechos, reafirmando la ilegalidad de los artículos impugnados en la nueva Ley del ISSTEY.
Conclusión
La justicia federal ha fallado a favor de los trabajadores estatales de Yucatán, quienes ahora tienen el derecho de disfrutar de los beneficios obtenidos. La actitud de los poderes legislativo y judicial de Yucatán, al no publicar el resolutivo, es vista como un acto de desacato y un posible intento de venganza política. Es crucial que este resolutivo sea publicado de inmediato en el Diario Oficial del Gobierno del Estado para que los trabajadores puedan acceder a sus derechos sin más demoras.