En Yucatán se habla cada vez más de crecimiento económico, inversiones, nuevos fraccionamientos y expansión urbana. Las cifras del desarrollo inmobiliario y la llegada de empresas alimentan una narrativa de progreso que parece consolidarse año con año. Sin embargo, detrás de ese discurso optimista avanza una realidad silenciosa que no siempre ocupa titulares: el campo yucateco se está quedando sin gente.
Cada vez son menos los jóvenes que deciden permanecer en sus comunidades para trabajar la tierra, criar ganado o dedicarse a actividades tradicionales como la apicultura. Para muchos de ellos, el futuro parece estar en la ciudad, en el comercio, en los servicios o en la migración hacia otros estados. Mientras tanto, numerosas parcelas quedan abandonadas o reducen su producción al mínimo indispensable.
El fenómeno no es exclusivo de Yucatán. En distintas regiones del país el campo enfrenta un proceso similar de envejecimiento poblacional y abandono gradual. Pero en el estado comienza a adquirir un peso estratégico debido al acelerado crecimiento urbano de los últimos años, especialmente en la zona metropolitana de Mérida y en los corredores turísticos de la costa.
El boom inmobiliario ha captado gran parte de la atención pública y política. Nuevos desarrollos habitacionales, parques industriales y proyectos turísticos ocupan la agenda económica. Sin embargo, paralelamente se ha relegado la discusión sobre el futuro del campo yucateco, un sector que históricamente ha sido fundamental para la economía y la identidad del estado.
El problema no es menor. Cuando una región pierde capacidad para producir alimentos, inevitablemente aumenta su dependencia del exterior. México ya importa una proporción significativa de los granos, carnes y productos básicos que consume. En ese escenario, estados con potencial productivo como Yucatán podrían terminar convirtiéndose más en mercados consumidores que en territorios productores.
Frente a esta realidad, pocos actores políticos han colocado el tema rural en el centro del debate público. Uno de ellos ha sido el senador yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín, quien en los últimos años ha impulsado diversas propuestas orientadas a fortalecer las economías rurales.
Entre estas iniciativas destaca el impulso a la apicultura, una de las actividades más emblemáticas del campo yucateco. Yucatán es uno de los principales productores de miel del país, y la actividad no solo representa ingresos para miles de familias rurales, sino que también desempeña un papel ambiental clave al favorecer la polinización y el equilibrio de los ecosistemas.
Ramírez Marín también ha planteado la creación de un sistema financiero especializado para comunidades rurales mediante las llamadas sofincos, sociedades financieras comunitarias diseñadas para facilitar el acceso al crédito, el ahorro y la inversión en zonas donde la banca tradicional prácticamente no tiene presencia.
La lógica detrás de esta propuesta es sencilla: sin financiamiento, sin inversión y sin oportunidades económicas reales, el campo seguirá perdiendo población.
Pero el reto va mucho más allá de una sola iniciativa o de un solo actor político. El verdadero desafío consiste en replantear el modelo de desarrollo del estado.
Durante décadas, el campo yucateco fue una base económica sólida. Actividades como la milpa, la ganadería, la apicultura y diversas producciones agrícolas sostuvieron comunidades completas y forjaron parte de la identidad cultural de la región.
Hoy, el riesgo es que esa base productiva se diluya mientras la expansión urbana continúa avanzando a gran velocidad.
La pregunta que comienza a surgir en distintos sectores es si el crecimiento inmobiliario y la expansión de las ciudades pueden sostenerse a largo plazo sin un campo fuerte que garantice producción alimentaria, equilibrio ambiental y estabilidad social en las comunidades rurales.
Porque al final, el verdadero dilema no es elegir entre ciudad o campo.
El verdadero desafío es entender que sin campo, ninguna ciudad puede sostenerse por mucho tiempo.
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