PROGRESO.– Mientras el Gobierno de Yucatán presume avances “históricos” en la ampliación y modernización del Puerto de Altura de Progreso, la realidad técnica y legal desmiente el discurso oficial.
Hoy, la Profepa NO ha autorizado el dragado, debido a que no han sido avalados los estudios de impacto ambiental ni se ha definido con claridad dónde será depositado el material extraído, un punto crítico por sus posibles efectos ambientales.
Aun así, el gobierno de Joaquín Díaz Mena insiste en hablar de avances, porcentajes y logros… sin pruebas públicas verificables.
La empresa responsable del dragado no puede informar nada.
La compañía belga Jan de Nul, encargada de los trabajos mediante contrato con el Instituto para la Construcción y Conservación de Obras Públicas en Yucatán (Inccopy), tiene prohibido dar información a los medios.
Javier Romero, representante de Jan de Nul y de su filial Mexicana de Dragados, fue claro:
“No estamos autorizados para informar”.
Ni avances, ni volúmenes dragados, ni etapas de la obra, ni destino del material extraído.
Nada.
Todas las preguntas clave —cuántos metros cúbicos se han dragado, dónde se deposita el material, cuántas etapas contempla la obra, cuándo se hará el relleno de las plataformas de 40 hectáreas— tienen la misma respuesta:
“Eso lo tiene Inccopy”.
Entonces, ¿quién miente?
En contraste con este silencio técnico, el Gobierno del Estado difundió recientemente un comunicado donde asegura que el gobernador Joaquín Díaz Mena sostuvo una reunión con autoridades de la Asipona y la Secretaría de Marina, en la que se habló de un 74% de avance en la primera etapa del proyecto.
El coordinador de Proyectos Estratégicos, Dafne López Martínez, afirmó que el dragado es clave para el desarrollo económico y la competitividad marítima de Yucatán.
Sin embargo:
No se informan los metros cúbicos dragados
No se explica dónde se deposita el material
No se muestran autorizaciones ambientales vigentes
No hay documentos públicos que respalden el supuesto avance
El director de la Asipona Progreso, almirante Jorge Carlos Tobilla Rodríguez, también presentó un informe de avances, pero sin datos técnicos verificables.
El fondo del problema es claro: opacidad total.
Si el dragado realmente avanza como dice el gobierno:
¿Por qué la empresa ejecutora no puede hablar?
¿Por qué no se transparentan los estudios ambientales?
¿Por qué no se informa dónde se deposita el material dragado?
Y si no hay autorización ambiental, entonces lo que se está vendiendo como “avance” no es más que propaganda política.
En un proyecto de miles de millones de pesos, con impacto ambiental directo sobre la costa y el mar de Yucatán, el silencio no es casualidad: es una alerta.
La ampliación del puerto no puede construirse sobre mentiras, cifras infladas y secretos administrativos.
Porque cuando el gobierno presume obras que nadie puede explicar,
lo que está en dragado…
no es el puerto, es la verdad.
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