Un nuevo caso de fraude inmobiliario sacude a Yucatán. Juan Carlos Martínez denunció en redes sociales a Gabriel Antonio Dávila Alva tras descubrir que la casa que apartó en Cholul estaba hipotecada. Esto, luego de recibir una notificación del banco HSBC exigiendo la entrega del inmueble debido a una hipoteca vigente con esta institución bancaria, respaldada por una resolución legal que ordena su entrega.
HSBC ha confirmado que Gabriel Antonio Dávila Alva ha sido señalado en múltiples ocasiones por fraude financiero. Según la institución bancaria, Dávila Alva ha incurrido en préstamos fraudulentos e hipotecas con diversas entidades financieras. Estos hechos llevaron a la presentación de una denuncia formal con el expediente 463/2023, promovida por el Juzgado Cuarto Mercantil el 4 de febrero de 2023.
El requerimiento judicial menciona específicamente la hipoteca del lote donde se ubica el Predio Julieta en Cholul, el cual Dávila Alva habría intentado vender a otras personas a pesar de su situación legal. Como resultado, tanto el comprador como el banco han sido perjudicados gravemente.
Hasta el momento, Gabriel Antonio Dávila Alva no ha dado la cara al afectado. Se presume que reside en algún punto de Mérida junto a su pareja, un ciudadano de origen cubano.
Además, en reiteradas ocasiones, Dávila Alva ha presumido de su impunidad, asegurando ser “intocable” debido a su vínculo con una familia política yucateca, de quien se dice ahijado. Incluso en los juzgados ha alardeado de su protección ante las autoridades.
Lo más grave del asunto es que, a pesar de la denuncia y la evidencia de fraude, el inmueble sigue siendo promocionado para su venta en redes sociales. En un video reciente de TikTok, se puede ver cómo se anuncia el condominio en cuestión, lo que pone en riesgo a más posibles compradores incautos que podrían caer en el mismo esquema fraudulento.
https://vm.tiktok.com/ZMhJWLbGH
El caso pone en evidencia, una vez más, los vacíos legales y la falta de supervisión en el mercado inmobiliario, dejando a los compradores en un estado de vulnerabilidad ante personajes sin escrúpulos que operan con total impunidad. Mientras la justicia sigue su curso, los afectados exigen acción inmediata para evitar que más personas sean víctimas de estas prácticas fraudulentas.