Tres ex trabajadoras del Ayuntamiento de Ucú han llevado al Poder Legislativo estatal una denuncia de juicio político contra el presidente municipal, a quien acusan de incurrir en actos ilegales, desacato judicial y de desobedecer acuerdos del Cabildo, generando un perjuicio económico directo al municipio por más de un millón 400 mil pesos.
Lidia Alejandra Díaz Sosa, Elsa María Rodríguez Luna y Maricruz Dzul Aké presentaron este martes 4 de noviembre ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado un escrito formal en el que solicitan la intervención del Legislativo, amparándose en lo establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.
En su denuncia, las ciudadanas señalan que el alcalde ha mantenido una conducta “ilegal y contumaz” que, aseguran, atenta contra las instituciones democráticas y el Estado de Derecho. Representadas legalmente por el abogado Miguel Ángel Basteris Maldonado, las tres ex trabajadoras explicaron que fueron despedidas de manera injustificada del Ayuntamiento, lo que derivó en un juicio laboral ante el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Poder Judicial del Estado de Yucatán.
El proceso judicial concluyó en diciembre de 2021 con un laudo que obligaba al Ayuntamiento a pagar 253 mil 40 pesos con 83 centavos a cada una de las tres demandantes, un total de 759 mil 120 pesos. A pesar de que se otorgó un plazo de quince días para el cumplimiento, el presidente municipal no acató la sentencia, lo que permitió que la deuda creciera progresivamente hasta llegar a un monto de 1 millón 425 mil 840 pesos, según los acuerdos judiciales más recientes.
Además, según el documento presentado ante el Congreso, el propio Cabildo municipal había aprobado el 25 de agosto de 2023 solicitar un préstamo al Poder Legislativo para cubrir la deuda. Sin embargo, el alcalde no cumplió con esta disposición, ni gestionó ante las instancias correspondientes la liquidación del adeudo.
La denuncia también señala que el presidente municipal habría intentado simular el cumplimiento del acuerdo de Cabildo mediante la presentación de oficios que carecían de sellos y firmas oficiales de las dependencias a las que estaban dirigidos, entre ellas la Gobernación del Estado, la Secretaría de Administración y Finanzas y el propio Congreso. Las denunciantes consideran que estas acciones podrían constituir falsificación documental y fraude procesal.
“Su comportamiento rebasa los límites de la legalidad y la ética pública, al desobedecer tanto al Poder Judicial como al Cabildo del Ayuntamiento, violando sus obligaciones de proteger los recursos públicos y acatar la ley”, indica la denuncia.
Las promoventes solicitan que el Congreso del Estado determine la procedencia del juicio político en contra del alcalde, por posibles violaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, abuso de autoridad, daño patrimonial y desacato judicial.
La Oficialía de Partes del Congreso recibió la denuncia este martes, donde será turnada a las comisiones correspondientes para su análisis y eventual resolución conforme a la normatividad vigente. Las ex trabajadoras manifestaron su confianza en que el Legislativo actuará con imparcialidad y firmeza, defendiendo no solo la legalidad, sino también la dignidad de las personas y el patrimonio público.