La titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán (SEPASY), Lila Rosa Frías Castillo, enfrenta una creciente presión política y social que podría derivar en su destitución. Diversas fuentes aseguran que su continuidad al frente de la dependencia está seriamente comprometida, en lo que podría convertirse en uno de los primeros reacomodos dentro del gabinete estatal.
Desde hace semanas, en los pasillos del gobierno se ha hablado de su salida como una posibilidad inminente. Al interior del equipo estatal, Frías Castillo ha sido identificada como una funcionaria incómoda, principalmente por sus constantes fricciones con otros secretarios, en especial con Edgardo Medina Rodríguez, titular de Desarrollo Rural, con quien se le atribuyen diferencias irreconciliables desde el inicio de la actual administración.
Pero el descontento no se limita al ámbito gubernamental. Diversos líderes de cooperativas pesqueras y representantes de comunidades costeras han dirigido cartas formales al gobernador solicitando su remoción. La acusan de gobernar con despotismo, de ejercer favoritismo en la entrega de apoyos y de mantener una actitud distante ante las necesidades reales del sector pesquero.
Las críticas señalan que bajo su gestión, los recursos y subsidios estatales han sido asignados de manera discrecional, beneficiando a grupos cercanos y dejando fuera a pescadores independientes, quienes a menudo enfrentan mayores carencias. Además, se cuestiona la presencia de funcionarios sin experiencia en el ramo, presuntamente designados por vínculos personales más que por capacidad técnica.
El malestar en las comunidades costeras se ha agravado por lo que consideran una ausencia constante de la funcionaria durante situaciones de emergencia, como tormentas, accidentes marítimos o crisis de producción. “No escucha, no atiende y no está presente cuando más se necesita”, expresan pescadores de localidades del litoral yucateco.
Uno de los puntos más controversiales ha sido la distribución de motores e insumos para el sector, donde se presume que empresarios pesqueros con vínculos políticos habrían sido privilegiados frente a pescadores de base. Esta situación ha abonado a la percepción de que la SEPASY ha sido utilizada con fines personales y no como una herramienta de apoyo social y económico.
Fuentes extraoficiales señalan que Lila Frías no sería la única figura en evaluación. También se menciona a Francisco Torres Rivas como otro funcionario cuya permanencia está en duda, debido a su limitada conexión con las demandas ciudadanas.
Aunque no hay aún una confirmación oficial, el malestar expresado por líderes sociales, la presión dentro del gabinete y el creciente rechazo en comunidades costeras colocan a Frías Castillo en una posición delicada. En un contexto donde el gobierno busca reforzar su imagen de eficiencia y cercanía con la gente, su gestión ha dejado más preguntas que respuestas.
La decisión final está en manos del Ejecutivo estatal, pero todo indica que el tiempo de Lila Frías al frente de la Secretaría podría estar llegando a su fin.