En un giro que expone la creciente influencia de intereses privados sobre el aparato gubernamental, Mario Millet Encalada, destacado empresario y figura polémica en Yucatán, logró la destitución de Jacinto Sosa Novelo como director del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy). Este movimiento ha dejado en evidencia que el poder del empresario supera incluso al del gobernador Joaquín Díaz Mena.
La salida de Sosa Novelo, ahora al frente de la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY), no estuvo motivada por cuestiones de desempeño, sino por su negativa a cumplir con las exigencias de Millet, quien habría presionado para garantizar que sus intereses prevalecieran en las decisiones del instituto.
En su lugar, el gobierno estatal nombró a Dalia Isela Piña Alberto, una funcionaria con amplia trayectoria en instituciones como el Catastro y el Registro Agrario Nacional. Aunque su currículum destaca, su llegada al cargo ha sido opacada por el evidente control que Millet ejerce en el ámbito político estatal.
Este escándalo subraya una preocupante realidad: las instituciones que deberían servir al pueblo parecen estar al servicio de intereses particulares. Mientras el gobernador Díaz Mena permanece en silencio, la ciudadanía cuestiona quién gobierna realmente en Yucatán y exige respuestas claras sobre la independencia de las decisiones públicas.
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