Una red de corrupción profundamente estructurada opera dentro del Ayuntamiento de Mérida, desviando más de 100 millones de pesos a través de licitaciones amañadas y empresas fachada. La trama inicia desde la campaña política de la alcaldesa Cecilia Patrón, donde inversionistas privados financian su candidatura a cambio de contratos asegurados en la administración municipal.
El financiamiento de la corrupción
Los empresarios Abraham Safar Jasso y Benjamín Paredes Camino habrían inyectado entre 2 y 3 millones de pesos en la campaña de Patrón, garantizando así su acceso privilegiado como proveedores del ayuntamiento. Esto se confirma con el documento de licitación pública LP-2024-CS-Seguridad, Vigilancia y Limpieza-01 en el que, de las seis empresas concursantes, cuatro pertenecen a Safar Jasso y Paredes Camino, lo que evidencia una adjudicación controlada.
El arquitecto detrás de este esquema sería Luis Castillo Cuevas, mano derecha de la alcaldesa, quien no solo valida los negocios corruptos, sino que además controla qué licitaciones se aprueban y cuáles no. Se ha establecido un modus operandi en el que Castillo Cuevas llama a Benjamín Paredes Camino, y este a Abraham Safar Jasso, para autorizar cómo se gasta el dinero de los ciudadanos. Es decir, son ellos quienes deciden qué proyectos reciben financiamiento y cuáles quedan fuera, asegurando que el dinero público beneficie exclusivamente a su red de corrupción.
Los “techos financieros”, la clave del desfalco
El mecanismo de robo se basa en los llamados “techos financieros” dentro de las licitaciones. El truco consiste en que una empresa gana el contrato con un monto mínimo, pero con la posibilidad de facturar hasta el doble de esa cantidad en caso de “necesidades adicionales”, sin que pase a cabildo, así que pueden facturar lo que quieran.
Las cifras de los contratos obtenidos por las empresas de Safar Jasso y Paredes Camino son escandalosas:
• Splash Wash: Monto mínimo de $22,149,129 pesos y máximo de $44,298,258 pesos.
• Fumsercom: Monto mínimo de $10,112,302 pesos y máximo de $20,224,605 pesos.
• Servilima: Monto mínimo de $27,371,901 pesos y máximo de $54,743,802 pesos.
• Abgana: Monto mínimo de $11,256,450 pesos y máximo de $22,512,901 pesos.
El patrón es evidente: cada contrato tiene un margen de incremento del 100%, permitiendo que estas empresas dupliquen sus ganancias sin justificación real. Para disfrazar estas operaciones, se emplean facturas simuladas a través de una red de empresas fantasma.
Uso de factureros para evadir impuestos
Otro aspecto clave del esquema de corrupción es el uso de factureros para reducir costos fiscales. Las empresas involucradas compran facturas falsas con un costo del 3% al 4% del IVA total, lo que les permite inflar gastos y disminuir el pago de impuestos. Este mecanismo no solo afecta la recaudación fiscal, sino que también encubre el desfalco millonario.
El ascenso meteórico de un empresario ligado a la corrupción
Abraham Safar Jasso pasó de ser dueño de un modesto puesto de hamburguesas, estar quebrado en 2015 y sumido en rehabilitación en oceánica, a un magnate con una mansión en el norte de Mérida, terrenos en la playa, yates de 48 pies, hijos estudiando en el extranjero y múltiples inversiones. Este crecimiento patrimonial desproporcionado levanta serias sospechas sobre el origen de su riqueza.
Exigencias de transparencia y justicia
La ciudadanía exige una investigación profunda sobre esta red de corrupción, así como la intervención de las autoridades estatales y federales para frenar el saqueo de recursos públicos. Mérida no puede seguir siendo rehén de una élite que usa el poder para enriquecerse a costa del erario.